Redacción
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica. El objetivo planteado por el Ministerio de Hacienda es garantizar la suficiencia financiera de las comunidades autónomas para la cobertura de los servicios públicos fundamentales, especialmente Sanidad, Educación y Dependencia. El documento contempla un incremento de 20.975 millones de euros adicionales en 2027 respecto al modelo actualmente vigente, lo que situaría la financiación total en 224.507 millones de euros.
La presentación de la ministra ha provocado una ola de reacciones en contra no solo de las regiones gobernadas por el PP, sino también del presidente de la Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. La propuesta venía precedida de polémica por el pacto previo entre el Ministerio de Hacienda y Cataluña. Para hacer frente a las críticas, Montero se dispone a un ronda de negociaciones con las comunidades con el fin de sacar el proyecto adelante. Sin ir más lejos, ha convocado al Consejo de Política Fiscal y Financiera para el próximo 14 de enero.
Uno de los principales ejes de la propuesta es la modificación del criterio de la población ajustada, que determina las necesidades de gasto reales de cada comunidad. En el ámbito sanitario, que supone el mayor volumen de gasto de las autonomías, el indicador de la población protegida equivalente experimenta variaciones. La reforma amplía el número de grupos de edad ponderados de los siete actuales a 20 tramos, segmentados en franjas quinquenales. Esta medida busca ajustar los costes sanitarios en función del perfil demográfico de los beneficiarios y el mayor coste derivado del envejecimiento poblacional.
La propuesta de modelo de financiación autonómica de Hacienda incorpora la dispersión demográfica y la despoblación
La base fundamental de este criterio se centra en la población mayor de 65 años, que utiliza de forma significativa los servicios vinculados a la sanidad o la dependencia. Una de las novedades introducidas es el desglose de este grupo en dos tramos: entre 65 y 79 años y mayores de 80 años. La ponderación de esta variable específica en el cálculo de la necesidad de gasto asciende al 7%.
Asimismo, el cálculo de la población ajustada incluirá factores que influyen en el gasto sanitario, como la prevalencia de enfermedades crónicas y el factor territorial, que pondera la dispersión demográfica y la despoblación para compensar el sobrecoste de la prestación de servicios en territorios con baja densidad de población.
Para sustentar el aumento de recursos, el modelo propone incrementar la cesión de impuestos estatales a las comunidades autónomas. El IRPF pasaría del 50% al 55% y el IVA subiría del 50% al 56,5%. La ministra Montero ha asegurado que el nuevo esquema garantiza la suficiencia, ya que ninguna comunidad autónoma experimentará una reducción de recursos respecto al sistema vigente.
