El sector empresarial está listo para acompañar las políticas gubernamentales orientadas a reactivar el aparato productivo, pero demanda estabilidad para recuperar las inversiones.
El presidente de Cainco, Jean Pierre Antelo, ha planteado avanzar hacia una recuperación ordenada de la economía, con ajustes graduales, disciplina fiscal, estabilidad y condiciones que permitan recuperar la competitividad y atraer inversiones.
Empresarios y población esperamos que los recursos aprobados por el FMI, por aproximadamente 1.900 millones de dólares, contribuyan a fortalecer las reservas internacionales, estabilizar la economía y recuperar condiciones para la inversión.
Ninguna política destinada a reactivar el aparato productivo, garantizar carburantes, eliminar subvenciones que generan distorsiones y estabilizar la economía tendrá resultados sostenibles sin la participación activa de la empresa privada.
Gremios empresariales como Cainco, Cámara de Exportadores, Cámara Nacional de Industrias, Federación de Empresarios privados de La Paz entre otros, han manifestado su disposición para acompañar la recuperación, planteando certidumbre, seguridad jurídica, condiciones para la inversión y políticas que favorezcan la formalización.
Un estudio de la Fundación Milenio, con apoyo del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), señala que reducir los costos de formalización, facilitar el acceso a mercados y financiamiento y fortalecer la seguridad jurídica son claves para romper el círculo entre informalidad, baja productividad y escaso crecimiento empresarial.
Bolivia enfrenta uno de los mayores niveles de informalidad de la región. Según la OIT, en el primer semestre de 2025, ocho de cada diez personas ocupadas trabajaban en la informalidad.
El Gobierno debe facilitar el tránsito hacia la formalidad para que las empresas crezcan y generen empleo. El estudio señala que las empresas más formales tienden a ser más grandes y productivas, registrar mayores ventas, generar más empleo y acceder con mayor facilidad al crédito. El reto es que los beneficios de la formalidad sean mayores que sus costos, especialmente para los pequeños negocios.
Un ejemplo de integración es el Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas (CCCAM), iniciativa de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia y la Cámara de Comercio de Bogotá, que reúne cámaras de 16 países para impulsar una agenda común de integración empresarial, comercio y cooperación.
Como planteó Klaus Frerking, presidente de la CAO y de Fexpocruz, el país necesita un “pacto nacional por la producción y el empleo” ante el nuevo escenario generado por la eliminación de la subvención al diésel.
La liberación del precio del combustible implica mayores costos para productores, transportistas, industrias, comercios y familias, además de presión sobre los precios. Estos costos deben traducirse en beneficios reales mediante cinco ejes.
Primero, liberar la fuerza productiva, impulsando la biotecnología y eliminando restricciones innecesarias.
Segundo, otorgar seguridad jurídica, con reglas claras para la inversión y respeto a la propiedad privada.
Tercero, desarrollar una nueva política energética que genere condiciones para invertir, priorice los biocombustibles y promueva nuevas fuentes de energía.
Cuarto, ejecutar infraestructura productiva —carreteras, hidrovías, puertos, logística y conectividad— para mejorar la competitividad y convertir a Bolivia en un corredor entre el Atlántico y el Pacífico.
Quinto, avanzar hacia una descentralización efectiva del Estado y un nuevo pacto fiscal para las regiones.
También es necesario simplificar trámites y apoyar a los nuevos emprendedores para mejorar su producción, elevar su productividad y ampliar sus mercados.
El Gobierno reconoce al sector productivo como eje central de la recuperación económica y ha comprometido una agenda permanente con las cadenas productivas para atender necesidades urgentes y construir soluciones de mediano y largo plazo.
La reactivación requiere del esfuerzo de todos. El Estado debe generar las condiciones y el sector privado responder con inversión, producción, empleo e innovación.
