Bolivia amaneció con una imagen que estremece a cualquier democracia: El Fiscal General del Estado aprehendido, oficinas intervenidas y dos versiones del poder disputándose, casi al mismo tiempo, quién debía conducir el Ministerio Público. La escena no compromete solamente el destino de Roger Mariaca. Compromete la credibilidad de la justicia, la autonomía institucional y la pregunta más incómoda de todas: ¿Quién controla a quienes tienen el poder de acusar?
Las denuncias difundidas son graves y deben investigarse sin privilegios. Ningún cargo puede convertirse en refugio frente a la ley. Pero una democracia tampoco puede confundir una acusación con una condena, una aprehensión con una destitución ni un operativo policial con una reforma constitucional. Cuando el Estado castiga primero y demuestra después, la justicia deja de ser justicia y empieza a parecerse a la venganza.
La Ley N.º 260 intenta impedir el vacío. Su artículo 25 establece suplencias y un orden de prelación. Sin embargo, la norma distingue entre impedimento temporal y ausencia definitiva. Allí nace el conflicto: La aprehensión puede impedir materialmente el ejercicio del cargo, pero no convierte por sí sola una ausencia en definitiva. La cesación exige una causal legal acreditada. La presunción de inocencia no es una cortesía para los amigos del poder. Es una garantía que debe proteger incluso a quien enfrenta las acusaciones más severas.
La Fiscalía afirmó que existía ausencia definitiva y respaldó la asunción temporal de Luis Montaño por antigüedad. El Ejecutivo respondió desconociéndolo y trasladó la decisión a la Asamblea Legislativa. Entre ambas posiciones quedó expuesta una herida antigua: Bolivia ha construido instituciones que parecen sólidas mientras obedecen, pero se vuelven frágiles cuando deben resistir la presión política.
El peligro tiene dos rostros. Uno es la impunidad corporativa: Fiscales que se protegen entre sí, expedientes que desaparecen y jerarquías utilizadas como escudo. El otro es la captura política: Un Gobierno que, bajo el argumento de limpiar la justicia, termina escogiendo a fiscales dóciles, interviniendo instituciones autónomas o utilizando la persecución penal para disciplinar adversarios. Ambos caminos destruyen el Estado de Derecho.
La solución no consiste en defender personas, sino procedimientos. La Asamblea Legislativa debe verificar la causal, exigir la documentación de la prelación, controlar la transición y convocar inmediatamente a un concurso público de méritos. El nuevo Fiscal General debe surgir de una evaluación transparente y del voto de dos tercios. No de un decreto, no de una negociación nocturna y tampoco de la prolongación cómoda de un interinato.
La compulsa para elegir al nuevo Fiscal General no puede reducirse a una lista de nombres repartida entre bancadas. Debe ser una prueba pública de independencia, capacidad jurídica, integridad patrimonial y trayectoria verificable. Las impugnaciones ciudadanas, las entrevistas abiertas y la fundamentación del voto no son adornos administrativos: Son defensas mínimas contra el cuoteo que durante años debilitó la justicia boliviana.
La sociedad tampoco puede permanecer como espectadora. Universidades, la prensa y organizaciones civiles deben vigilar la transición, exigir información y denunciar cualquier intento de convertir la suplencia en permanencia. El silencio facilita que una excepción se vuelva costumbre y legitime el abuso.
Los tres meses previstos por la ley no son una invitación a esperar. Son un límite contra la improvisación. Durante ese tiempo deben protegerse expedientes, sistemas informáticos y pruebas. Cada ingreso, traslado y decisión extraordinaria debe quedar registrado. En una institución sacudida por sospechas, la transparencia no puede ser un discurso: Debe convertirse en trazabilidad.
Bolivia necesita saber la verdad sobre Mariaca y sobre todos los funcionarios investigados. Si existen delitos, corresponde probarlos y sancionarlos. Si hubo arbitrariedad, también debe establecerse responsabilidad. La lucha contra la corrupción pierde legitimidad cuando viola la ley; la defensa de la autonomía pierde dignidad cuando se convierte en encubrimiento.
Esta crisis deja una enseñanza amarga: La justicia no se derrumba únicamente cuando un fiscal comete un delito. También se derrumba cuando el poder político decide quién es culpable, cuando el Legislativo negocia cargos y cuando la sociedad acepta que cualquier atropello resulta válido si la víctima no despierta simpatía.
Bolivia no necesita un Fiscal General obediente al Gobierno ni una autoridad intocable frente a la investigación. Necesita una institución capaz de acusar sin miedo, investigar sin favoritismos y rendir cuentas sin arrodillarse. La verdadera limpieza de la justicia comenzará cuando nadie pueda utilizarla como escudo y nadie pueda convertirla en arma.
Hoy no solo está en discusión quién ocupa una oficina en Sucre. Está en discusión si la Constitución sigue siendo el límite del poder o si volverá a ser un papel invocado únicamente cuando conviene. Si la ley se aplica con serenidad, la crisis puede fortalecer la institucionalidad. Si prevalecen la fuerza, el cálculo y el silencio, Bolivia habrá cambiado de fiscal, pero no habrá cambiado su justicia.
Base jurídica consultada: Constitución Política del Estado y artículos 24, 25, 26 y 28 de la Ley N.º 260.
