Esta crónica nace de una conversación con un taxista sobre el gobierno. El intercambio me llevó a una pregunta incómoda: ¿Qué estamos evaluando cuando elegimos a quienes administrarán el país? Desde esa conversación reflexiono sobre una democracia imperfecta, la incertidumbre cotidiana y el costo de confiar decisiones económicas a políticos que no son economistas calificados.
Recupero la inquietud que despertó aquel diálogo: La distancia entre lo que el poder comunica y lo que la ciudadanía experimenta. Un gobierno puede construir una imagen convincente, pero esa impresión debe contrastarse con su capacidad para resolver problemas. La propaganda ocupa pantallas; las consecuencias de una mala decisión ocupan la mesa familiar.
El taxi ofrece una perspectiva que los despachos suelen ignorar. Su actividad obliga a relacionar ingresos, costos, mantenimiento y tiempo. Cada recorrido tiene un costo de oportunidad. Cada jornada exige calcular cuánto queda después de trabajar. Esa experiencia permite advertir una verdad elemental: El dinero que entra no equivale al beneficio disponible, ni una promesa equivale a una solución financiada.
La democracia imperfecta conserva el voto, pero puede debilitar la vigilancia. La elección pierde racionalidad cuando el entusiasmo sustituye al examen del programa, cuando la pertenencia partidaria protege al incompetente y cuando preguntar por las cuentas se considera deslealtad. La ciudadanía entrega autoridad temporal; algunos políticos interpretan esa confianza como permiso para administrar sin explicar.
Aquí aparece una exigencia profesional. Hay políticos que no son economistas calificados y, sin embargo, presentan recetas sobre deuda, empleo, impuestos o inversión con una seguridad que sus fundamentos no sostienen. La economía requiere comprender restricciones, incentivos y efectos distributivos. Una decisión puede beneficiar hoy a un sector y trasladar mañana su costo a familias que nunca participaron en su diseño.
Tampoco basta un título de economista para garantizar honestidad o competencia. Un presidente de otra profesión puede gobernar responsablemente si reúne equipos sólidos, escucha evidencia y acepta correcciones. Lo inadmisible es que la ignorancia económica se vuelva soberbia política. Quien desconoce una materia debe reconocerlo, convocar conocimiento y responder por las decisiones que finalmente adopta.
Por eso hablo de contratar un presidente mediante el voto. Es una metáfora de responsabilidad pública: Examinar antecedentes, conocer equipos y exigir un programa viable. Si revisamos referencias para confiar la contabilidad de un negocio, corresponde examinar con mayor rigor a quien conducirá recursos colectivos. El carisma no sustituye un presupuesto y la improvisación termina cobrando sus errores.
La intransparencia multiplica esos riesgos. Un contrato oculto impide revisar precios. Una adjudicación inexplicada dificulta detectar favoritismos. Un presupuesto incomprensible reduce la posibilidad de fiscalizar. Cuando las autoridades castigan las preguntas, el poder empieza a protegerse de sus propios mandantes. La opacidad abre espacio al abuso y debilita la confianza.
Gestionar riesgos exige anticipación. ¿Qué ocurrirá si los ingresos resultan menores a los previstos? ¿Quién pagará un sobrecosto? ¿Qué controles impedirán un conflicto de interés? ¿Cómo se protegerá a quienes tienen menos capacidad de soportar un ajuste? Gobernar significa explicar esas posibilidades, preparar respuestas y permitir que instituciones independientes revisen la ejecución.
La informalidad también reclama comprensión económica. Detrás de un trabajador que opera sin protección suficiente puede haber una familia y una alternativa laboral inexistente. Formalizar exige trámites accesibles, reglas estables y beneficios efectivos. Un Estado que aparece únicamente para cobrar o sancionar difícilmente construirá confianza. La legalidad debe ofrecer una posibilidad de progreso a quien se esfuerza.
La miseria humana se profundiza cuando la necesidad obliga a tolerar humillaciones. Cuando un derecho llega como favor, la gratitud puede convertirse en dependencia. Sería injusto culpar al pueblo por adaptarse a condiciones que apenas puede modificar. La responsabilidad política consiste en ampliar su autonomía, para que disentir no implique temer por el trabajo, la ayuda o la subsistencia.
La mejor opción presidencial debe demostrar capacidad para gestionar y disposición para rendir cuentas. Debe explicar cómo financiará sus propuestas, publicar contratos, aceptar auditorías adversas y corregir políticas fallidas. Debe respetar al periodista, al investigador y al ciudadano que lo contradigan. La democracia necesita ese desacuerdo para impedir que un error termine convertido en doctrina.
Aquella conversación con el taxista dejó una tarea: Mirar el gobierno desde la vida de quienes trabajan y exigir fundamentos a quienes deciden. El país necesita conocimiento económico al servicio de la dignidad. Ninguna victoria electoral concede impunidad, ninguna publicidad reemplaza resultados y ningún pueblo merece acostumbrarse a sobrevivir mientras sus gobernantes aprenden a administrar.
