El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llega a las elecciones del 27 de octubre de 2026 arrastrando una acumulación de fracasos políticos y estratégicos que cuestionan seriamente su permanencia en el poder. Años de injerencia bélica en toda la región no han logrado las victorias decisivas que prometió reiteradamente, a ello se suman una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional y un proceso ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio en la Franja de Gaza que, desde el 7 de octubre de 2023, suma más de 74.500 palestinos muertos según el Ministerio de Salud de Gaza —más de la mitad, niños y mujeres—, cifras que ensombrecen su reputación internacional.
Tres años después de la epopeya del Diluvio de Al-Aqsa, liderada por los movimientos de resistencia islámica el 7 de octubre de 2023, quedó al descubierto el fracaso histórico de la fachada de invencibilidad del aparato de seguridad israelí, la resistencia palestina continúa de pie y se erige como bastión de los países libres del mundo, Hezbolá sigue firme en el Líbano, y la República Islámica de Irán ha emergido como una superpotencia regional tras dos guerras impuestas por Washington y Tel Aviv.
El régimen israelí ha devastado el territorio de la Franja de Gaza, dejándola en escombros: el 90% se encuentra en ruinas, sin electricidad, agua ni alimentos. Al mismo tiempo, ha profundizado su aislamiento internacional.
Paralelamente, Netanyahu sigue siendo juzgado por cargos de corrupción interna de los que ha intentado eludir responsabilidades; según analistas y encuestas, el bloque del primer ministro podría perder el poder tras años de presentarse como el líder “indispensable” del régimen.
La operación del 7 de octubre de 2023 destrozó la afirmación que Netanyahu había mantenido durante mucho tiempo: que su liderazgo y sus políticas podían proteger a los colonos ilegales en los territorios ocupados. “Bibi” llega a las elecciones del 27 de octubre eclipsado, arrastrando una serie de problemas políticos: el fallo de seguridad del 7 de octubre, las devastadoras consecuencias del genocidio en Gaza, las dudas sobre el resultado de la guerra con Irán, la continuación de los combates en Líbano y Siria, las acusaciones de corrupción y las profundas divisiones internas sobre la economía y el servicio militar obligatorio.
El régimen israelí enfrenta una creciente reacción internacional, incluso por parte de sus aliados, debido a sus continuos ataques contra Gaza y el Líbano, la expansión de los asentamientos en violación del derecho internacional y la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada.
Es probable que sus rivales aprovechen los fracasos de Netanyahu para derrocarlo, aseguran los observadores, y adopten una postura más intransigente respecto a las invasiones en Asia Occidental. A ello se suman los procesos pendientes ante la justicia iraní, que ha emitido acusaciones formales por crímenes de guerra contra Estados Unidos e Israel durante las dos guerras recientes contra el país persa.
Pero no solo ello: continúa pendiente la orden de captura de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí; así como las acusaciones ante la Corte Internacional de Justicia por crímenes de genocidio, orden y proceso que han surgido de las actuaciones de “Bibi”.
Sin embargo, más allá de quién sea el primer ministro israelí, las políticas de Estado de Israel obedecen a estamentos políticos que trascienden a Netanyahu. Sus estructuras se reflejan tenuemente en sus líderes, a quienes, como en este caso, tarde o temprano les serán cristalizadas las órdenes en su contra y cumplidos los procesos ante la Corte Internacional de Justicia; eso sí, si la comunidad internacional aún cree en el derecho internacional, el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas.
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