La exministra de Comunicación Roxana Lizárraga afirmó que está dispuesta a responder por sus actos ante los procesos iniciados durante el gobierno de Luis Arce y negó cualquier vínculo profesional, económico o político con Fernando Cerimedo y Nadia Beller.
La exautoridad se pronunció después de que en redes sociales circularan publicaciones que intentan relacionarla con Cerimedo debido a que su exesposo, el abogado Ramiro Vega, asumió inicialmente la defensa del ciudadano argentino, investigado por la Fiscalía.
“Estoy dispuesta a responder por cada uno de mis actos. Lo hice como periodista. Lo hice como ministra. Y lo haré hoy como ciudadana”, afirmó Lizárraga.
La exministra sostuvo que no tiene ni tuvo relación profesional, económica o política con Cerimedo ni con Beller. Además, explicó que pidió personalmente a Vega apartarse de la defensa del argentino después de conversar con una persona que conoce los hechos.
Según Lizárraga, esa conversación le permitió advertir que el caso era “mucho más complejo y potencialmente peligroso” de lo que inicialmente había considerado.
La exautoridad también denunció una campaña de desprestigio en su contra y cuestionó la difusión, a su juicio sesgada, de información relacionada con procesos iniciados durante anteriores gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Lizárraga señaló que conservará publicaciones, mensajes y otros elementos que considere relevantes para identificar a los responsables de esa campaña.
Como antecedente, en 2024 la justicia boliviana sentenció a Lizárraga en un proceso relacionado con movimientos bancarios registrados entre 2019 y 2020. En aquella oportunidad, la exministra cuestionó el proceso, afirmó que contaba con documentación para sustentar el origen de sus recursos y denunció una persecución política en su contra.
Ahora, Lizárraga pidió al Gobierno y a las instituciones correspondientes revisar las causas abiertas durante los años que calificó como de “instrumentalización política de la justicia”.
La exministra planteó que esas revisiones se realicen con independencia, garantías y respeto al debido proceso.
“Yo también quiero regresar a Bolivia. Y quiero regresar con mi nombre limpio”, manifestó Lizárraga.
