El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó este viernes que una investigación sobre la distribución y comercialización de combustibles detectó más de 30 despachos realizados antes de la emisión de las facturas y más de 40 casos con criterios discrecionales en la asignación y retiro de carburantes.
García explicó que la normativa establece una secuencia que comienza con el pago y la facturación, continúa con la orden de despacho y termina con la asignación del combustible. Sin embargo, la investigación encontró casos en los que YPFB realizó primero los despachos y emitió las facturas después.
“Esto demuestra que en esta cadena de distribución y de comercialización ha existido mucha discrecionalidad”, afirmó el viceministro.
Otro de los hallazgos corresponde a la asignación de cupos. Según García, algunos clientes directos recibieron volúmenes que superaron en casi 200% el límite permitido.
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YPFB
La investigación también identificó más de 40 situaciones en las que los usuarios retiraron en un solo día volúmenes que tenían programados para varios días. Además, Transparencia detectó entregas que superaron ampliamente la cantidad que correspondía según los promedios establecidos para cada usuario.
Para García, la falta de registros trazables facilitó estas irregularidades. Señaló que las conciliaciones de los despachos se realizaban mediante tablas de Excel y que el sistema permitía a varios usuarios modificar información de manera retroactiva.
El funcionario cuestionó que YPFB designara más de Bs 400 millones en infraestructura tecnológica durante los últimos cinco años sin contar con un sistema digital que permita rastrear de manera segura toda la cadena de distribución de combustibles.
Entre los gastos mencionados figuran Bs 4,2 millones en servicios de enlace de comunicaciones, más de Bs 5,2 millones en soluciones de respaldo de información, casi Bs 1 millón en inteligencia de amenazas y protección de marca y otros Bs 5,2 millones en servicios de orquestación, automatización y respuesta de ciberseguridad.
“Como Estado no consideramos razonable ni admisible que habiendo gastado más de 400 millones de bolivianos en infraestructura tecnológica, se tengan que hacer las conciliaciones en una tabla de Excel”, cuestionó.
Control
García afirmó que la investigación ya permitió identificar estaciones de servicio que habrían recibido beneficios de manera discrecional y a funcionarios que presuntamente facilitaron el desvío de combustibles. Según explicó, las acciones penales correspondientes ya están en curso.
Pero Transparencia también busca establecer responsabilidades por las decisiones administrativas que, según la investigación, facilitaron las irregularidades.
En ese marco, García cuestionó la Resolución Administrativa 36/2024 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), mediante la cual, según explicó, el regulador instruyó a YPFB hacerse cargo de la programación mensual y la asignación del abastecimiento de combustibles.
A criterio del viceministro, esa decisión trasladó a YPFB una función que correspondía al regulador y generó condiciones para un mayor desvío de carburantes, contrabando y corrupción.
“Vamos a iniciar los procesos en contra de quienes han generado estos hechos en el pasado”, anunció.
Los procesos alcanzarán a quienes participen en el desvío y comercialización ilegal de combustibles por delitos como cohecho pasivo, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles, concusión y almacenamiento, comercialización o compra ilegal de carburantes.
García también advirtió que investigarán a quienes administraron los recursos destinados a la infraestructura tecnológica de YPFB si no lograron garantizar la trazabilidad de los sistemas.
Digitalización
Como parte de las medidas para evitar nuevas irregularidades, Transparencia solicitó la participación de la AGETIC y de las áreas técnicas de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos para desarrollar un nuevo sistema informático.
La propuesta busca digitalizar toda la cadena, desde el ingreso del combustible hasta su despacho y destino final.
García cuestionó que actualmente parte de los controles dependa de mecanismos físicos y comparó el sistema de seguridad con el cintillo que se coloca en las maletas durante un viaje.
La propuesta incluye además la creación de un portal público de transparencia que permita consultar en tiempo real los movimientos de combustible.
La plataforma debería mostrar, según el viceministro, cuántos litros ingresan, a quiénes se despachan y qué capacidades de almacenamiento existen.
El objetivo, dijo García, es que cualquier ciudadano pueda acceder a esa información desde un celular y realizar un seguimiento de la cadena de distribución, con el fin de reducir los espacios de discrecionalidad y prevenir nuevos hechos de corrupción.
