La vigencia del Estado de excepción y las propuestas para modificar la Constitución abrieron un debate jurídico entre los abogados constitucionalistas Felipe Cordero y Franklin Gutiérrez.
Ambos coincidieron en que una eventual prórroga del estado de excepción requiere autorización de la Asamblea Legislativa y una justificación basada en hechos concretos.
Cordero explicó que la Constitución permite una prórroga, pero el Ejecutivo debe demostrar la necesidad y proporcionalidad de la medida.
“Es el Legislativo quien tiene esa última palabra, a propuesta del Ejecutivo”, afirmó durante el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
Estado de excepción
Gutiérrez agregó que no basta con solicitar otros 90 días, sino que el Gobierno debe presentar pruebas sobre un peligro inminente.
El abogado advirtió que una eventual ampliación no puede utilizarse para impedir protestas sociales relacionadas con la falta de combustibles o la crisis económica.
“Hay que exigirle al Legislativo, si vas a exigir esa petición, revise la carga argumentativa y la carga probatoria”, sostuvo.
Reforma constitucional
Los juristas también analizaron la propuesta gubernamental para modificar el modelo económico mediante una reforma constitucional.
Cordero recordó que el artículo 140 de la Constitución establece que una reforma constitucional no puede iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción.
Consideró que Bolivia debe discutir si necesita una reforma parcial o total, pero descartó iniciar ese proceso mientras permanezca vigente la medida excepcional.
También cuestionó que algunas normas, como el proyecto de ley de inversiones, puedan entrar en contradicción con disposiciones constitucionales.
Análisis
Gutiérrez, en cambio, sostuvo que las propuestas económicas pueden desarrollarse sin modificar necesariamente la Constitución, mediante una interpretación basada en sus principios.
“La Constitución no les va a decir todo”, afirmó, al señalar que el derecho económico constitucional también protege la inversión privada.
Sin embargo, explicó que el Estado debe garantizar que las inversiones beneficien al país y respeten el carácter social del modelo constitucional.
Tribunal Constitucional
Ante la ausencia de una Sala Plena del Tribunal Constitucional, Gutiérrez cuestionó que los magistrados eviten pronunciarse sobre posibles conflictos de constitucionalidad.
Cordero planteó como prioridad completar el Tribunal Constitucional antes de avanzar con reformas constitucionales o nuevas medidas de excepción.
Sugirió recurrir a los magistrados suplentes electos para cubrir las acefalías y permitir que el tribunal vuelva a tener quórum.
El constitucionalista también alertó sobre una carga procesal superior a 23.000 causas pendientes de resolución.
“Primero, entonces, cubrir esos cargos acéfalos para tener un Tribunal Constitucional completo”, planteó Cordero.
Luego, recomendó resolver las causas prioritarias y evaluar la eventual prórroga del estado de excepción antes de discutir una reforma constitucional.
