La falta de combustible frena cosechas, encarece el transporte, amenaza la producción alimentaria y mantiene paralizadas hasta 270 aeronaves en Beni.
La crisis dejó de concentrarse únicamente en los surtidores. Sus efectos avanzan sobre actividades que sostienen el abastecimiento, el empleo y la conectividad nacional.
Productores agrícolas aseguran que el diésel comprometido para Santa Cruz no llega en los volúmenes acordados con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Mientras tanto, este carburante aparece en circuitos informales a precios de hasta Bs 15 por litro en algunas zonas productivas.
A este escenario se suman cuestionamientos legislativos sobre contratos, certificados y controles aplicados a los combustibles importados durante dos administraciones gubernamentales.
Producción alimentaria
Las cosechadoras y los tractores necesitan diésel en un periodo decisivo para el agro. Cada retraso reduce el margen disponible para completar las campañas agrícolas.
Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), advirtió que deben cosecharse alrededor de 950.000 hectáreas durante la campaña de invierno.
La superficie incluye sorgo y otros cultivos fundamentales para alimentar las cadenas de producción de pollo, cerdo, leche, huevos y carne vacuna.
El sorgo, por ejemplo, constituye una fuente energética central para la alimentación animal. Una cosecha incompleta afectaría posteriormente la oferta pecuaria.
El perjuicio no terminaría en el campo. Una menor disponibilidad de granos elevaría los costos de las granjas y reduciría la producción destinada a los mercados.
Frerking también alertó sobre la zafra cañera. La actividad debe avanzar antes de que las lluvias dificulten el ingreso de maquinaria a los cultivos.
Según explicó en Piedra, Papel y Tinta de La Razón, la caña debería cosecharse hasta el 30 de octubre para evitar pérdidas importantes.
El norte de Santa Cruz concentra gran parte de la materia prima utilizada para producir el azúcar consumido en Bolivia.
Por esa razón, una zafra atrasada podría reducir la disponibilidad futura del producto y ejercer presión sobre sus precios.
La escasez también dificulta la elaboración de forraje destinado al ganado durante periodos de sequía o bajas temperaturas.
Los productores necesitan almacenar alimento para proteger a los animales, pero esa tarea depende del funcionamiento continuo de maquinaria agrícola que necesita diésel.
Productos en los mercados
La falta de diésel también disminuyó la frecuencia del transporte de carga y afectó el movimiento de alimentos entre regiones.
Frerking señaló que algunos camiones pasaron de realizar cuatro viajes semanales a completar apenas uno.
Los conductores llegan a su destino y luego deben esperar dos o tres días para conseguir combustible antes de emprender el retorno.
La reducción de viajes limita el ingreso de productos a centros de abasto, mercados y tiendas de barrio.
Además, eleva los gastos logísticos porque las unidades permanecen inmovilizadas, mientras continúan los costos laborales, financieros y operativos.
YPFB incumple el volumen prometido
YPFB y representantes del sector productivo firmaron el 1 de julio un acuerdo destinado a asegurar el abastecimiento de diésel en Santa Cruz.
El primer punto estableció la entrega de 3 millones de litros diarios. El documento también incluyó cisternas móviles para pequeños productores y abastecimiento directo para grandes consumidores agropecuarios registrados.
Además, las partes acordaron reuniones semanales de seguimiento y la evaluación de mecanismos para facilitar la importación privada de carburantes.
Sin embargo, la CAO sostiene que el volumen prometido no se cumplió de manera regular. Frerking afirmó que algunos días ingresaron 2,5 millones de litros, mientras que en otras jornadas la cantidad cayó hasta 1,8 millones.
La diferencia dejó zonas productivas sin suministro suficiente y mantuvo las filas alrededor de las estaciones de servicio.
El dirigente solicitó que las autoridades publiquen cuánto combustible recibe cada departamento, provincia y surtidor. Esa información permitiría identificar si el desabastecimiento responde a una oferta insuficiente, fallas logísticas o problemas en la distribución final.
También facilitaría el seguimiento de los compromisos asumidos por YPFB y permitiría conocer qué sectores reciben prioridad durante las etapas agrícolas críticas.
Mercado negro de diésel
La escasez abrió espacio para un circuito informal que comercializa combustible por encima del precio establecido.
Según la CAO, el litro llegó a costar entre Bs 13 y Bs 15 en fronteras agrícolas de Santa Cruz. En Asunción de Guarayos, San Ignacio de Velasco y otras zonas productivas, algunos agricultores pagan el sobreprecio para evitar la paralización.
La situación golpea principalmente a pequeños productores, quienes representan alrededor del 80% del sector, de acuerdo con Frerking.
Estos trabajadores no tienen capacidad para importar cisternas completas ni almacenar miles de litros.
Generalmente acuden a los surtidores para comprar entre 100 y 200 litros destinados a tractores, bombas, generadores y otros equipos.
La ausencia del carburante los obliga a interrumpir sus actividades o asumir un gasto que reduce sus márgenes de producción.
El mercado ilegal también plantea interrogantes sobre el origen del producto comercializado fuera de los canales autorizados. La principal duda es cómo llega ese diésel a intermediarios cuando falta en estaciones de servicio y unidades agrícolas.
ANAPO alerta sobre pérdidas inmediatas
Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, afirmó que el desabastecimiento de diésel se agravó pese a los acuerdos suscritos con YPFB. Señaló que pequeños, medianos y grandes productores quedaron sin combustible cuando ya comenzó la cosecha de 950.000 hectáreas de sorgo, maíz, trigo, girasol, chía y otros cultivos.
El gerente de ANAPO advirtió que los granos deben recogerse en su momento óptimo y no pueden esperar la llegada del carburante. Los vientos y la maduración pueden provocar pérdidas inmediatas y afectar la producción posterior de pollo, cerdo, leche, huevos y carne.
También denunció que YPFB todavía no implementó plenamente las cisternas móviles ni entregó los cupos mensuales asignados a consumidores directos, provocando que algunos productores recurran al mercado negro, donde el litro de diésel llega a Bs 14.
ANAPO exigió explicaciones sobre el abastecimiento y pidió priorizar al agro. Según Hernández, la demora ya pone en riesgo la inversión realizada por los productores y la seguridad alimentaria del país.
Avionetas paradas en Beni
La emergencia también alcanzó al transporte aéreo regional, indispensable para conectar comunidades, estancias y municipios alejados en Beni.
Francisco Arias, presidente de la Asociación de Pilotos de ese departamento, estimó que entre 250 y 270 aeronaves permanecen paralizadas.
Solo Trinidad concentra más de 100 avionetas. Otras operan habitualmente desde Santa Ana, Guayaramerín, Riberalta, San Borja, Reyes y Santa Rosa.
Estas unidades trasladan pasajeros, alimentos, medicamentos, trabajadores, repuestos y servicios hacia lugares donde las conexiones terrestres son limitadas.
Arias indicó que entre el 60% y el 65% de la aviación en avionetas del país se concentra en Beni. El dirigente cuestionó la interrupción porque el combustible aéreo, según explicó, se produce en Bolivia y se distribuye desde Valle Hermoso, Cochabamba.
Un camión con capacidad para transportar entre 20.000 y 30.000 litros permitiría cubrir entre seis y ocho días de operaciones.
La falta de suministro, por tanto, no perjudica exclusivamente a pilotos y empresas. También interrumpe una cadena económica y social indispensable para la región.
Informe de la Comisión que investiga gasolina de mala calidad
La crisis de abastecimiento coincide con una investigación legislativa sobre la calidad y los precios de gasolina adquiridos por YPFB.
El diputado Carlos Alarcón informó que nueve de los 11 integrantes de una comisión especial firmaron el documento presentado a la Cámara de Diputados.
El informe señala presuntos problemas en certificados, autorizaciones excepcionales, controles de calidad y variaciones registradas en contratos de importación.
Según Alarcón, la ANH informó que 12 de las 20 autorizaciones para importar combustibles se aprobaron mediante resoluciones de urgencia, lo que permitió el ingreso del producto sin contar previamente con los certificados originales que acreditaban su calidad.
El legislador sostuvo que algunos certificados no detallaban componentes necesarios para verificar plenamente la calidad del diésel y la gasolina importados.
También afirmó que análisis posteriores detectaron niveles de goma superiores a los máximos permitidos en muestras de gasolina.
Las observaciones alcanzan operaciones realizadas entre octubre de 2025 y enero de 2026, periodo correspondiente a las administraciones de los presidentes Luis Arce y Rodrigo Paz.
El diputado mencionó además diferencias en precios consignados dentro de contratos y adendas, consideradas por la comisión como posibles indicios de daño económico.
Estas afirmaciones todavía deben someterse a investigaciones técnicas, auditorías y procesos legales que determinen responsabilidades individuales.
La comisión recomendó remitir el informe a la Contraloría, al Ministerio Público y al Órgano Ejecutivo, siempre que el pleno legislativo lo apruebe.
El documento también plantea reforzar la capacidad de la ANH para analizar combustibles mediante laboratorios y equipos adecuados.
La eventual relación entre esas observaciones y el actual desabastecimiento aún no fue establecida oficialmente.
Sin embargo, ambos problemas exhiben debilidades en una misma cadena estatal: contratación, importación, certificación, control y distribución.
Los datos recogidos muestran que la falta de combustible ya tiene consecuencias concretas sobre la producción, el transporte y la conectividad regional.
Ver también: Informe legislativo señala a Medinaceli por autorizar distribución de gasolina ‘basura’
Diputados proponen leyes y apoyo productivo
La crisis también generó distintas posiciones dentro de la Asamblea Legislativa sobre sus causas y las medidas necesarias para recuperar el abastecimiento.
La diputada Julieta Jiménez, de Alianza Unidad, consideró que las filas por diésel disminuirán progresivamente, como ocurrió anteriormente con la gasolina.
Jiménez expresó confianza en que una nueva ley de hidrocarburos permita mejorar el suministro y planteó analizar su contenido antes de aprobarla o modificarla.
Sobre el posible incremento del precio de los alimentos, señaló que varios productos ya subieron durante los 53 días de bloqueos y no retornaron a sus valores anteriores.
Sin embargo, sostuvo que la población no debería alarmarse y manifestó su expectativa de que el precio del dólar también registre una tendencia descendente.
Una posición más crítica fue expresada por la diputada Sofía Rocha, de Alianza Libre, quien advirtió que las filas continúan y podrían extenderse por la escasez de gas licuado de petróleo.
Rocha atribuyó parte de la crisis a la ausencia de exploración durante anteriores administraciones, pero afirmó que los problemas heredados requieren ahora respuestas estructurales.
La legisladora pidió que las soluciones involucren a todas las instituciones competentes y no dependan de decisiones aisladas o improvisadas.
También planteó aprobar normas relacionadas con hidrocarburos, gas, combustibles y explotación de recursos naturales para superar el estancamiento del sector.
Rocha reconoció que el desabastecimiento afecta directamente al agro y, por extensión, a las familias que compran sus productos.
Recordó que fertilizantes y maquinaria son importados, por lo que sus mayores costos terminan trasladándose a la producción y al bolsillo de los consumidores.
En ese contexto, propuso revisar la normativa vigente y establecer mecanismos de apoyo y alivio para los productores nacionales.
El diputado Ricardo Rada, del Partido Demócrata Cristiano, relacionó el actual desorden logístico con los cerca de 60 días de paralización de carreteras.
Según explicó, los bloqueos interrumpieron el ingreso y la distribución de carburantes, mientras la actividad productiva acumuló bienes que ahora necesitan ser transportados.
Ese desfase elevó la demanda de combustible y presionó una cadena de distribución que todavía intenta recuperar su funcionamiento regular.
Rada exigió restablecer el suministro con rapidez, pero sostuvo que la recuperación no puede producirse inmediatamente después de una paralización prolongada.
Para atender la emergencia agropecuaria, planteó liberar efectivamente la importación privada de combustibles y eliminar restricciones que desincentiven a los surtidores.
El legislador afirmó que las estaciones con tanques y bombas disponibles deberían vender tanto carburante subvencionado como importado, sin perder el acceso al primero.
También advirtió que la falta de diésel puede trasladarse a los precios del arroz, trigo y otros productos esenciales de la canasta familiar.
Por ello, consideró urgente articular al Gobierno, los productores y el sector privado para evitar que el desabastecimiento provoque una nueva presión inflacionaria.
