El Gobierno aprobó este lunes el Decreto Supremo 5665, que declara prioridad nacional e interés público la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el objetivo de fortalecer las acciones del Estado y avanzar en el cumplimiento de los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La norma establece que todas las entidades del Órgano Ejecutivo, las instituciones públicas vinculadas a la prevención e investigación de estos delitos y las personas naturales o jurídicas consideradas sujetos obligados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) deberán reforzar sus mecanismos de coordinación y control.
GAFI
El decreto señala que la medida responde a la evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que derivó en la incorporación de Bolivia a la denominada «lista gris» del GAFI, integrada por países sometidos a mayor vigilancia debido a deficiencias en sus sistemas de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.
Entre las disposiciones, la norma encomienda al Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo promover mecanismos de coordinación con los órganos Legislativo, Judicial y Electoral, además del Ministerio Público, universidades públicas y entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias.
Lavado
Asimismo, la UIF deberá coordinar acciones con las instituciones nacionales y con los organismos internacionales encargados de verificar el cumplimiento de los estándares del GAFI. Además, tendrá que presentar informes de avance al Consejo Nacional cada dos meses o cuando este lo solicite.
El decreto también dispone que las personas y entidades designadas como sujetos obligados deberán tramitar su registro o la excepción correspondiente ante la UIF, de acuerdo con la reglamentación vigente.
Cumplimiento
Para ese fin, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) contará con un plazo de hasta 30 días hábiles para aprobar la reglamentación que establecerá el procedimiento de registro previsto en la nueva norma.
El Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan fortalecer el sistema nacional de prevención, detección, investigación y sanción de estos delitos, además de mejorar la evaluación internacional del país y avanzar hacia su salida de la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia del GAFI.
