El Gobierno de Rodrigo Paz asumió el viernes una de las decisiones económicas más sensibles de su gestión: eliminar por completo la subvención al diésel, y apunta a hacerlo también con la gasolina. El país afronta un nuevo y complejo escenario.
Con esa decisión, Bolivia abre una nueva etapa en su economía con el desafío de contener el impacto del ajuste sobre los precios y la actividad productiva. Se prevé que con la decisión del Gobierno de vincular el precio del combustible con el mercado internacional se trasladará una parte del costo de la crisis energética a los consumidores y sectores económicos.
El Gobierno nacional calcula que destina alrededor de $us 55 millones por semana para sostener la diferencia entre el costo de adquisición en el exterior y el precio interno. “Nos estamos gastando cerca $us 55 millones a la semana para mantener la subvención a los hidrocarburos y es algo que tenemos que discutir urgentemente, para ponerlo en la dimensión correcta esos 55 millones resolverían el problema de todos los establecimientos educativos y todos los problemas que tienen los hospitales de tercer nivel”, señaló el vocero presidencial, José Luis Gálvez.
En esa misma línea, el Presidente Rodrigo Paz Pereira anticipó que se están tomando decisiones paso a paso para afrontar una nueva atmósfera para el país.
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Subvención
El viernes, Paz anunció la eliminación de la subvención al diésel y estableció que, desde ahora, su precio será equivalente al costo internacional de importación.
El mandatario justificó la medida por el elevado gasto que representa para el Estado y por el contrabando de combustible.
“Desde hoy el diésel costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera”, anunció en un mensaje.
La Fundación Milenio reportó que la subvención explícita alcanzó $us 1.923 millones en 2025. Si se incorpora el costo de vender los hidrocarburos por debajo de su valor internacional, la estimación llega a $us 4.300 millones.
El Ejecutivo plantea aumentar el gasto en asistencia social junto con el retiro de la subvención. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, señaló que el Estado evalúa mecanismos para proteger a los sectores vulnerables durante la transición.
En ese contexto, luego de eliminar el subsidio al diésel y fijar su venta a precio internacional, el presidente Paz anunció que los recursos serán reorientados hacia medidas sociales, productivas y de inversión, además del financiamiento de infraestructura.
Análisis
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, sostuvo que el país enfrenta un escenario económico complejo y que YPFB ya no tendría capacidad para sostener indefinidamente el actual costo de la subvención.
“Bolivia está atravesando un momento complejo, la economía está en recesión. YPFB ya no puede seguir subsidiando los hidrocarburos”, afirmó Morales, quien pidió que el Gobierno acompañe el ajuste con medidas que permitan mantener la producción y las exportaciones del país.
El debate también incorpora el impacto que tendrá la eliminación de la subvención sobre los sectores de menores ingresos. El empresario y líder político Samuel Doria Medina propuso que cualquier liberación de precios debe acompañarse con mecanismos de protección social.
“Me parece que el plan se debe complementar con compensaciones sociales”, sostuvo, al advertir que el ajuste requerirá respaldo para los hogares más necesitados.
El economista Jaime Dunn considera que el esquema de subvención también genera costos para la economía a través del gasto público y las presiones inflacionarias. “El Gobierno apunta directamente a uno de los problemas mayores: el exceso de gasto público”, afirmó Dunn, quien vinculó la subvención y el elevado costo de importar combustibles con la situación económica actual.
Costo
Una visión diferente plantea el físico y analista Francesco Zaratti, quien considera que el problema no puede reducirse únicamente al costo fiscal de la subvención.
“La situación de la importación es insostenible porque el Estado no tiene divisas suficientes”, afirmó. Sin embargo, advirtió que eliminar la subvención también puede desencadenar efectos económicos y sociales.
Para el economista Fernando Romero, eliminar la subvención puede ayudar a corregir una distorsión fiscal y energética muy costosa, especialmente cuando Bolivia importa cerca del 90% del diésel. Sin embargo, considera que el éxito de la medida no dependerá solamente de subir el precio sino de que el Gobierno transforme el ahorro en reservas, abastecimiento real y sostenible de combustibles, inversión productiva y protección social.
“El mayor riesgo es que este ajuste que busca bajar el déficit fiscal y garantizar la provisión de combustibles genere en el corto plazo una fuerte presión de costos y precios (mayor inflación) sobre alimentos, transporte y otros, afectando negativamente al empleo e ingreso real, produciendo mayor recesión, informalidad y pobreza. Por eso, la clave económica es eliminar la distorsión sin trasladar todo el costo del ajuste a las familias de menores ingresos”, explicó.
Importación
Más de 50 empresas privadas ya habrían iniciado trámites para importar, distribuir y comercializar combustibles en Santa Cruz, informó la vicegobernadora Paola Aguirre.
Las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Oruro, entre otras junto con empresarios privados de distantas áreas, tomaron la iniciativa para gestionar la importación de combustibles, ante el desabastecimiento que afecta las actividades productivas y económicas en sus respectivas regiones.
El director distrital de la ANH Santa Cruz, Ricardo Tonelli indicó que actualmente existen estaciones que ya comercializan producto importado, entre ellas: Estación Pizorza, Estación Cascabel, en Cuatro Cañadas y las Estaciones Biopetrol en la ciudad y Montero.
El director distrital explicó que, una vez que el combustible llega al país y se inicia el trámite correspondiente, la aprobación puede concretarse en unas 48 horas.
Las refinerías y oleoductos surgen como importantes alternativas en Bolivia.
Bolivia y Chile se reunieron virtualmente en las últimas semanas y empezaron a coordinar los proyectos de reversión del ducto OSSA-II entre Arica y Charaña, que facilitará la importación directa de hidrocarburos, y la ampliación de la Terminal de Arica con dos nuevos tanques de almacenamiento de carburantes.
En 2023, Chile renovó por tercera vez, y por un periodo de 20 años, la concesión marítima otorgada a favor de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el Oleoducto Sica Sica-Arica (OSSA-II), mediante el Decreto Supremo 250.
Asimismo, el Gobierno reactivó las operaciones de las refinerías Gualberto Villarroel (Cochabamba) y Guillermo Elder Bell (Santa Cruz) mediante Decreto Supremo 5701 el 7 de septiembre.
