El director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, informó este lunes que el Gobierno trabaja en un primer paquete de 10 empresas públicas que podrían ser reorganizadas, disueltas o liquidadas.
Dichas acciones se establecen en el marco del Decreto Supremo 5727. La autoridad evitó revelar los nombres debido a que el proceso todavía debe pasar por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP).
Este martes, la OFEP anunciará cuáles son las empresas que forman parte de un paquete de entidades en emergencia.
“El decreto 5727 establece la tarea de reorganizar, disolver o liquidar algunas empresas públicas, hablamos 10 dentro de un paquete, por razones de estrategia y además porque esto tiene que ir a una aprobación en el Cosep, no puedo adelantar los nombres de las mismas”, explicó Camacho a Cadena A.
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Empresas públicas
El diagnóstico de la OFEP evaluó a 67 empresas públicas y, según información oficial, identificó a 20 en situación crítica. El Gobierno aprobó posteriormente el DS 5727, que establece la ruta para definir, caso por caso, si corresponde reorganizar, disolver o liquidar cada entidad.
Camacho señaló que las 10 empresas que forman parte de este primer paquete ya se identificaron dentro del trabajo que la OFEP realiza y cuyos resultados expuso en las últimas semanas.
“Pero son 10 de las que ya veníamos anunciando y mostrando sus números”, afirmó.
La autoridad sostuvo que las decisiones responden a criterios económicos y no a una orientación política o ideológica. Cuestionó, además, el desempeño acumulado de varias empresas estatales y el costo que sus obligaciones representan para las finanzas públicas.
“Hay que ser muy claros, hoy no se actúa con ideología, hoy no se actúa por temas políticos; hoy se están tomando decisiones en el orden económico porque estas empresas más allá del nombre lo único que han ido ocasionando son pérdidas”, afirmó.
Modelo
Camacho también cuestionó el modelo de creación y funcionamiento de empresas públicas aplicado durante las últimas dos décadas. En su criterio, varias iniciativas no alcanzaron el objetivo de contribuir a la industrialización del país y terminaron generando obligaciones financieras que ahora tendrá que asumir el Estado.
“Esa tarea de 20 años que se han dedicado a destruir sistemáticamente al crear empresas con la ilusión de íbamos a tener un país industrializado, lo que tenemos es un legado de deudas que vamos a tener que cubrir los bolivianos”, sostuvo.
La OFEP reportó en julio que 15 empresas públicas acumulaban Bs 5.177,1 millones en pérdidas y mantenían Bs 16.273,4 millones de saldo vigente por créditos.
El DS 5727 no dispone el cierre automático de las empresas. Primero debe intervenir el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP) y, según la forma jurídica con la que se creó cada entidad, el proceso puede requerir un decreto supremo o un proyecto de ley.
