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Gobierno confirma oficina de coordinación en el piso 19 y admite visitas de Medinaceli

El Gobierno confirmó la existencia de un espacio de coordinación institucional en el piso 19 de la Casa Grande del Pueblo y reconoció que el diputado suplente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Alejandro Medinaceli acudía allí con mayor frecuencia que otras autoridades.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que la oficina no está asignada exclusivamente al legislador, sino que fue habilitada para reuniones con diputados, senadores, alcaldes y otras autoridades.

“Sí hay un espacio, entiendo en el piso 19, el cual está destinado para coordinación con distintas autoridades, diputados, senadores y otros”, afirmó al ser consultado sobre la existencia de una dependencia vinculada a Medinaceli.

Gálvez admitió que el diputado frecuentaba el lugar, aunque insistió en que se trata de un ambiente de uso institucional. También defendió las reuniones entre autoridades de distintos órganos del Estado y sostuvo que esos acercamientos no representan una vulneración de la independencia de poderes.

“La independencia de poderes no implica que no haya coordinación”, señaló.

Las declaraciones se producen en medio de la polémica por la difusión de audios atribuidos a Medinaceli y a la diputada Claudia Bilbao, ambos del PDC, en los que presuntamente reclaman a la entonces directora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Daniela Quiroga, por la contratación de personas recomendadas por los legisladores.

En una de las grabaciones, atribuida a Medinaceli, el diputado cuestiona que no se hayan concretado determinadas designaciones y pide a Quiroga acudir a la Casa Grande del Pueblo. La exdirectora sostuvo que recibió presiones para incorporar personal que, en algunos casos, no cumplía con los perfiles requeridos.

La existencia de la oficina adquirió relevancia luego de que Quiroga relatara que Medinaceli la convocó a ese espacio durante una de las conversaciones. La exdirectora también ratificó sus denuncias contra ambos legisladores por presuntas presiones y amenazas relacionadas con la incorporación de funcionarios.

El caso derivó en denuncias penales contra Bilbao y Medinaceli por presunto uso indebido de influencias. Las acusaciones deberán ser investigadas por el Ministerio Público.

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