Tras el anuncio de la eliminación de la subvención al diésel, el gobierno estableció en Bs 17,95 por litro el precio de este combustible y dispuso un nuevo mecanismo de ajuste vinculado a los precios internacionales.
Desde ahora el precio del diésel estará vinculado al costo internacional de importación. La medida está contenida en el Decreto Supremo 5716, aprobado el 18 de septiembre de 2026.
El nuevo decreto reemplaza el precio final fijo por un mecanismo basado en el Precio de Paridad de Importación (PPI), que considera el costo del diésel importado, transporte, almacenamiento, inspección, financiamiento, tributos aduaneros y otros costos logísticos.
Según la norma, el ente regulador calculará diariamente, en días hábiles, el precio referencial del diésel. Si su variación se mantiene dentro de un rango de -5% a +5%, el precio referencial permanecerá sin cambios. Cuando supere ese margen, “se aplicará un ajuste al alza o a la baja, según corresponda”.
La norma mantiene sin modificaciones los márgenes establecidos en el Decreto Supremo 5516, así como el IVA y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) incluidos en la cadena de precios.
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La primera estructura de costos será definida por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías en un plazo de hasta cinco días hábiles.
El presidente Rodrigo Paz justificó ayer la medida por el elevado gasto que representa la subvención para el Estado y por el contrabando de combustible. Explicó que el precio podrá variar de acuerdo con las cotizaciones internacionales y señaló que, si el costo internacional disminuye, el precio del diésel en Bolivia también bajará.
Asimismo, afirmó que el Estado destina cerca de $us 55 millones cada semana a la subvención de combustibles, lo que representa más de $us 2.600 millones al año. “Cada dólar que se va para pagar la subvención son menos colegios, son menos hospitales, carreteras”, sostuvo.
El mandatario también sostuvo que la subvención no garantiza que el combustible llegue al pequeño productor, transportista, gremial o cooperativista debido a la escasez y al contrabando.
“Ningún gremial, ningún cuentapropista, ningún transportista compra algo caro para después vender barato”, afirmó.
Aseguró que los recursos liberados por la eliminación de la subvención serán destinados a programas sociales, infraestructura y apoyo al sector productivo.
