El Gobierno de Rodrigo Paz negó la contratación de exfuncionarios y exasesores de la administración de Evo Morales para tareas de comunicación y pidió presentar denuncias ante la justicia si existen acusaciones concretas contra esas personas.
El tema fue planteado al vocero presidencial José Luis Gálvez durante una conferencia de prensa, a partir de versiones difundidas semanas atrás sobre la supuesta incorporación al equipo de comunicación del Gobierno de Paz de personas que trabajaron en la administración de Morales, entre ellas el exministro de Comunicación Manuel Canelas, Leila Medinaceli y Walter Chávez, entre otros.
Gálvez fue consultado por la jefa de Gabinete del Ministerio de la Presidencia, a quien identificó como una exmilitante del Movimiento al Socialismo (MAS) y exjefa de Gabinete del Ministerio de Medio Ambiente durante el gobierno de Luis Arce.
“Todas las personas que hayan cometido delito o estén acusadas tienen que rendir cuentas ante la justicia”, respondió Gálvez.
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Sobre las personas mencionadas en la consulta, el vocero descartó que el Gobierno haya contratado sus servicios. “Como parte del gobierno y del Estado no se han contratado los servicios de esas personas”.
Gálvez también cuestionó que se considere un delito el hecho de haber pertenecido al MAS y pidió que cualquier acusación concreta sea presentada por la vía judicial.
“No conozco en el Código Penal ni en el Código Civil que haber sido parte del Movimiento al Socialismo sea un delito”, declaró.
El vocero añadió que, si existen denuncias contra esas personas por delitos o infracciones, deben ser presentadas ante las autoridades correspondientes. “Si hay alguna acusación específica para con esas personas, por favor presenten la denuncia y sigan el proceso correspondiente. Cualquier denuncia será bienvenida”.
Gálvez afirmó que el Gobierno busca una transformación del Estado que no se limite al cambio de funcionarios y planteó modificar la forma de hacer política.
“Necesitamos transformar el Estado, pero no es solamente en un cambio de personas”, dijo el vocero.
También señaló que el objetivo debe ser que la función pública priorice a la ciudadanía y no los intereses de los políticos.
