El Gobierno busca convertir a la minería en el principal motor económico de Bolivia, mediante una mayor exploración, el incremento de la producción y la generación de empleos formales. Para alcanzar ese objetivo, el Ministerio de Minería y Metalurgia plantea actualizar el marco normativo del sector con un nuevo código que brinde seguridad jurídica y mejores condiciones para atraer inversiones.
Durante el informe de su primer año de gestión, el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca, sostuvo que el país necesita adecuar las reglas del sector a los desafíos actuales y generar mayor certidumbre para los operadores mineros y los inversionistas.
“Necesitamos actualizar las reglas que rigen al sector para responder a los desafíos actuales, fortalecer la seguridad jurídica y brindar mayor certidumbre a los actores productivos mineros”, afirmó.
En esa línea, la autoridad señaló que su cartera acompañó la elaboración de la propuesta del nuevo código minero. Se trata de una iniciativa que busca establecer condiciones normativas más claras para impulsar la actividad extractiva y promover un desarrollo compatible con las exigencias ambientales y sociales.
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Motor económico
Calderón de la Barca consideró que este proceso representa una oportunidad para construir un nuevo marco regulatorio. “Este proceso debe permitir avanzar hacia una minería de otro nivel, mayor institucionalidad y mejores condiciones para la inversión y la producción”, manifestó.
Desde la perspectiva económica, el Gobierno apunta a dinamizar toda la cadena minera mediante mayores actividades de exploración. También el fortalecimiento de las operaciones productivas y la incorporación de más trabajadores al empleo formal.
“Queremos ampliar la exploración, fortalecer la producción y promover la generación de empleos formales, convertir a la minería en el principal motor económico del país”, remarcó el ministro.
La apuesta coloca al nuevo código minero como una de las herramientas centrales para impulsar la transformación del sector. Su alcance será clave para establecer reglas que otorguen previsibilidad a las inversiones, faciliten nuevos proyectos y permitan aprovechar el potencial mineralógico de Bolivia.
El desafío económico pasa por traducir esa actualización normativa en mayor inversión, nuevos emprendimientos, incremento de la producción. Así como la generación de divisas y empleo, en un sector que el Ejecutivo pretende posicionar como uno de los pilares del crecimiento nacional.
