El Gobierno plantea cambiar el enfoque de la conservación ambiental en Bolivia para que la protección de la biodiversidad también se traduzca en oportunidades económicas, producción sostenible y bienestar para la población.
El ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Oscar Mario Justiniano, sostuvo que la conservación no debe limitarse a la delimitación de áreas protegidas, sino convertirse en acciones concretas que permitan preservar los recursos naturales y, al mismo tiempo, generar condiciones para un desarrollo sostenible.
“En este camino, las otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas, las OMEC, representan una gran oportunidad”, afirmó Justiniano, al señalar que Bolivia incorporará este mecanismo dentro de su Estrategia Nacional de Biodiversidad 2026-2030.
Las OMEC comprenden espacios geográficos que no necesariamente forman parte de un área protegida tradicional, pero que cuentan con mecanismos de gestión efectivos para conservar la biodiversidad en su entorno natural.
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Conservación
Para el Gobierno, este enfoque busca compatibilizar la protección de los ecosistemas con las actividades productivas que dependen de los recursos naturales.
Justiniano remarcó que hablar de conservación implica también hablar de agua, alimentos, producción y condiciones de vida para las próximas generaciones.
“Conservar no es únicamente hablar de áreas protegidas, porcentajes o mapas. Es hablar de la vida que se desarrolla en esos territorios”, sostuvo.
En esa línea, afirmó que Bolivia asumirá un papel más activo en la agenda ambiental internacional y avanzar hacia un modelo en el que se proteja la biodiversidad sin dejar de generar oportunidades para las comunidades y sectores productivos.
El ministro vinculó este cambio de orientación con la participación de Bolivia en la COP30, realizada en noviembre de 2025, escenario desde el cual, según dijo, el país proyecta una nueva posición frente a los desafíos ambientales y climáticos.
Protección
Justiniano destacó que más del 35% del territorio boliviano se encuentra protegido dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Si se incorporan áreas nacionales, subnacionales y territorios indígenas destinados a la conservación, como el Ñembi Guasu, la superficie bajo alguna categoría de protección ambiental se situaría entre 30% y 37% del territorio nacional, de acuerdo con las cifras mencionadas por la autoridad.
El Gobierno considera que este resultado es producto del trabajo de comunidades, pueblos indígenas, productores, gobiernos subnacionales y organizaciones sociales que participan en la protección de los ecosistemas.
Desde una perspectiva económica, el desafío ahora es convertir ese patrimonio natural en una fuente de desarrollo sostenible, sin comprometer los recursos que sostienen actividades como la producción agropecuaria, el acceso al agua y otras actividades vinculadas a los territorios.
“Estamos convencidos de que la conservación debe traducirse en acciones concretas, en oportunidades y en bienestar para toda la población”, afirmó Justiniano.
El planteamiento oficial apunta así a que producción y conservación dejen de verse como objetivos contrapuestos y pasen a formar parte de una misma estrategia de desarrollo para el país.
