El nombre del título es el que se utilizó para la explotación, por parte del capital internacional, de los yacimientos de COMIBOL, fuera de los contratos de alquiler. Implica un aporte por cada parte, el país ponía el yacimiento y la empresa, el capital. El tema vuelve a la agenda cuando se anuncia la ampliación del Contrato de Asociación entre COMIBOL y la transnacional Illapa, cuyos propietarios son la canadiense Santa Cruz Silver Mining Ltd. con intereses actuales en las minas de Bolívar y Porco.
En 1993 se firmó el contrato de Joint Venture entre COMIBOL y COMSUR, empresa de Gonzalo Sánchez de Lozada. Este contrato establecía una participación de las utilidades entre COMIBOL y la contratista del 50%; sin embargo, esta aparente igualdad era distorsionada por otras cláusulas: COMSUR recuperaba su inversión, recibía una gratificación del 10% de las utilidades por la administración, y a la conclusión del contrato se quedaba con el 50% de los activos; COMIBOL no tenía ningún papel fiscalizador y los resultados era avalados por una auditoría externa contratada por COMSUR. Las observaciones eran: si el socio capitalista recuperaba su inversión, dejaba de ser socio y no había razón para que tenga participación en las utilidades; la empresa cubría los gastos de administración, sin que haya razón para premiarlo; a la liquidación del contrato era evidente que no tenía participación porque había recuperado sus aportes. Así el miti-miti era un sofisma.
La crisis política del 2003 hizo que Sánchez de Lozada vendiera su empresa a la Glencore, quien cambió el nombre por Sinchi Wayra. El 2007, producto de la nueva política de Estado, se buscó una transacción sobre los contratos que tenía COMSUR con COMIBOL: riesgo compartido en Bolívar y arrendamiento en Colquiri y Porco. La negociación se imponía por razones políticas, aunque el marco normativo era todavía totalmente adverso a la empresa estatal; la ley de minería aprobada en la gestión de Sánchez de Lozada en 1997, vigente todavía, era completamente favorable al sector privado; sin embargo, la promulgación de la Constitución del Estado Plurinacional el 2009, preveía la obligación de migrar a Contratos de Asociación. Antes de que se promulgara la Ley de Minería el 2014, se firmó el Contrato de Asociación para la explotación de las minas de Bolívar y Porco con la empresa Illapa, a nombre de Sinchi Wayra; el 2012 se había anulado el contrato de alquiler por Colquiri.
El nuevo contrato establecía una participación de las utilidades de 55% para COMIBOL y 45% para Illapa. El socio se comprometía a invertir 723.840.000 bolivianos, la inversión no se devolvía, los activos en su integridad serían transferidos a COMIBOL. Esta podía controlar y supervisar en cualquier etapa del proceso productivo el cumplimiento del contrato, ya que no había pago por administración; una ley posterior dio mayoría a COMIBOL en el directorio del contrato. Un parámetro para medir el cumplimiento del contrato es que, al finalizarse, en el caso de Bolívar, debía estar produciendo 2.000 TM/día. Por lo cual, antes de hablar de prolongar el contrato se debe hacer una evaluación para establecer su cumplimiento a cabalidad. El contrato fue aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional por la Ley N° 386 del 3 de julio de 2013, cumpliendo la exigencia cuando se trata de enajenar recursos naturales.
Por otro lado, al analizar los resultados de la operación se establece que un 48% del costo de operación se lo realizó en el exterior, la validez de esta afirmación es dudosa; este monto determina que las utilidades mermen sustancialmente, llegando apenas al 12% del valor bruto de venta. COMIBOL debería buscar reducir este costo a fin de aumentar sus utilidades, lo que significa que la inversión se debe realizar con la refinación de los concentrados de zinc-plata y plomo-plata en el país, como ocurre actualmente en la fundición de estaño en Vinto, cuyo costo no llega al 5% del valor bruto de venta.
Otro beneficio de la refinación en el país es la recuperación de metales que, a pesar de la objetividad de su existencia, no recibimos nada. Así en los concentrados de Bolívar se tiene contenidos de indio 660 g/t, galio 597 g/t, estaño 2%; por su parte, los de Porco contienen indio 382 g/t, galio 115 g/t y estaño 2%; cantidades aparentemente pequeñas, pero, dado el volumen (casi 60.000 toneladas al año de concentrados de zinc) y los altos precios de estos minerales secundarios, pueden ser un ingreso importante para ambos socios.
Salir de nuestra situación de exportador primario es un anhelo nacional. En la gestión pasada se ilusionó a los departamentos de Oruro y Potosí con la instalación de megaproyectos de refinerías de zinc, incluso el municipio de Porco destinó un terreno para tal fin. Hoy la inversión prometida, 180 millones de dólares, es más que suficiente para refinar los concentrados de Bolívar y Porco: así valdría renovar el contrato, dando otro sentido al Joint Venture: ser socios y no patrones.
