Una inocultable dimensión de la crisis que nos atormenta tiene que ver con la naturaleza frívola del poder y el desconocimiento de nuestra historia, aun de la inmediata. Con el adjetivo nos referimos a la manera superficial, intrascendente y veleidosa con la cual, a falta de ideas políticas sustanciales de reforma o cambio, se ejerce el poder desde el gobierno, la oposición política y la sociedad misma.
La frivolidad es el acto que traduce la desesperación de tener, a como dé lugar, el poder, sin otro propósito que aprovechar de sus beneficios enormes e inocultables; igualmente válido para moros y cristianos. La cuestión es disfrutar de las ventajas materiales o simbólicas del poder, convertidas en negocios que se conectan desde el Estado de forma legal, cuasi legal o ilegal. Es un sentimiento compulsivo de urgencia, oportunidad y deseo de lucrar de las circunstancias porque se entiende que el tiempo es breve y que acaba más temprano que tarde.
En general, de la disputa librada en la última década (2016-2026), áspera y sin cuartel, por el poder y sus beneficios, proviene el penoso espectáculo político que hoy nos toca ver como parte de la grave crisis política, económica e institucional que sufrimos. La crisis se desató a fondo hace, cuando menos, tres años, aunque su historia es, de una u otra forma, la misma de nuestra democracia (1982) y la del país.
Una década de retroceso
Haciendo referencia a lo inmediato, asumamos que esta época de frivolidad política y de democracia en retroceso empezó con el inconstitucional intento de reelección presidencial a partir del 2016. Fue también frívolo, ante el decaimiento de la producción de gas (2015), que no hubiéramos tocado la campana de la emergencia para enfrentar la crisis energética que nos tiene al borde de importar gas para las garrafas. Al mismo tiempo, ante el decremento de los ingresos por el gas, el paquete vino acompañado de un déficit fiscal que empezó manejable (2014; 3.7%), pero que el 2025 llegó a casi el 12% del PIB.
La frivolidad política y partidaria alcanzó el extremo con la disputa interna que implosionó al MAS y que terminó impidiendo la representación de un enorme electorado esencialmente social, campesino, rural y periurbano. El enfrentamiento fratricida impidió la representación de ese electorado y constituyó una Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) poco representativa y con diputados y senadores listos para alquilar o vender sus votos porque saben de su precariedad e ilegitimidad. El líder del mayor bloque opositor pidió que no se haga de la ALP un prostíbulo y que se investigue a todos los que vendieron su voto y que esto llegue a los senadores y diputados que eligieron a Roger Mariaca como fiscal general del Estado el 2024.
Elecciones y maletas
Con el vaciamiento político y la crisis de representación llegamos a unas elecciones rocambolescas y el triunfo de un binomio que no duró ni el día de la posesión. Acá empieza la historia de la compleja relación entre el fraude electoral de ser elegido por unos y luego responder a otro electorado —los grupos de poder con base en el oriente—, junto al inevitable cambio de los lineamientos políticos —“capitalismo para todos”— para responder a los nuevos mandantes y la sui géneris situación de un gobierno sin plan, ideas ni personal.
Por ello, visto en perspectiva, no es una sorpresa que ante la precariedad política y la falta de base social los actos de corrupción al más alto nivel hubieran empezado con el periodo gubernamental y fueran pensados como una caja chica de la gobernabilidad. La zaga de la corruptela empezó con las famosas maletas, las dos personas que las introdujeron y las guardaron con arresto domiciliario, y el sereno del depósito, cuya única responsabilidad era cuidar el ingreso y las puertas, falleció en la cárcel, casi una calca trágica del caso FONDIOC, todavía más penoso. Luego vendrá una interminable cantidad de hechos de corrupción que no se habrían realizado sin la cobertura y protección de la Aduana Nacional y otras instancias gubernamentales como las que controlan los aeropuertos, los vuelos de avionetas privadas, la importación de billetes, la exportación de oro, etcétera.
El gurú
Este es el escenario en el cual la frivolidad gubernamental se habrá de desatar con toda su potencia. Nada más ilustrativo y dramático que la llegada —asignación laboral de MAGA (Trump)— que no encuentra mejor operario para Bolivia que un taxista estafador venido a gurú informático. El hombre, un operario nato, escala de inmediato a consejero presidencial y no habríamos de descubrir sus alcances si no fuera por los audios pirateados, salvo los grabados o las fotos guardadas por Nadia Beller, a quien siempre habrá de reconocerse su acuciosidad y talante.
En fin, gracias a fotos y audios sabemos de la participación del gurú —tan seguro de su impunidad que dejó todo registrado— en reuniones con el presidente y el secretario de Estado norteamericano o su cercanía con uno de los hijos de Trump. Con ese respaldo, no es difícil entender su rol organizador de vuelos de avioneta para el narcotráfico o, como se escucha en el último audio, organizar la captura de Evo Morales comprando con su dinero drones térmicos, contratando helicópteros y equipo táctico, para lo cual habla con el ministro cajero y le pide unos millones: bolivianos o verdes, dependiendo.
El caso del fiscal general
Al frente, y por lo visto desde mucho antes, surgió también estelarmente con la intervención del Departamento de Estado —la visa norteamericana— el caso del fiscal general del Estado, elegido con más de 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el 2024. A estas alturas, guardando el beneficio de la duda y salvando la presunción de inocencia, es evidente que había mucho dinero de por medio y que se operaba en un esquema político de mayores proyecciones. Nunca se vio, de comprobarse, naturalmente, un esquema de corrupción de tamaña envergadura, aunque siempre fue vox populi que la justicia y en particular el ministerio público funcionaba como una máquina de extorsión.
La parte del bochorno frívolo y penoso estuvo a cargo de la directiva de la COB, que en su desorientación acudió prontamente a expresar su apoyo al entonces fiscal general que, aparentemente, asumía la pérdida de la visa como una afrenta a la soberanía nacional y prometía avanzar en las investigaciones del entorno presidencial.
Tampoco se vio antes una intervención similar del gobierno en contra del ministerio público. En la memoria solo queda la ejecución sumaria del presidente de la entonces Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández, y de un ministro de la misma (1994). El ejecutor de entonces fue Carlos Sánchez Berzain, que en un proceso exprés en el Senado propició la destitución del entonces presidente del órgano judicial. Años después, el Senado lo reivindicaría, aunque el informe de respaldo del desagravio no está disponible.
El costo del ajuste
Como no es difícil colegir, la disputa por el poder y sus bienes es sórdida y sin cuartel. Para saltar la crisis, el gobierno ha decidido transferir el costo del ajuste al común de los ciudadanos por la vía del costo del diésel y su efecto multiplicador sobre los bienes de consumo, especialmente los de la canasta familiar. Para avanzar en la imprescindible “modernización”, se ha indexado al dólar el costo de la energía eléctrica para que nadie, especialmente las mayorías, deje de aportar su granito de arena al ajuste.
Esta es la apuesta gubernamental. Por supuesto, al medio de la infatigable frivolidad corren los discursos que aguantan todo y sirven para cualquier escenario y público. Unos acusando de todo a los veinte años y los otros descargando con lo de hace veinte años. Todo servido para un descalabro mayor.
Solo recordar a Santayana: “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”.
Salud
