En febrero de 2026 afirmé que Bolivia ingresó a su Bicentenario con una arquitectura del Estado en terapia intensiva, aquejada por severas fallas en su entramado institucional, asfixiada por un marco constitucional restrictivo y subordinada a una administración de justicia profundamente politizada. Hoy, 4 de agosto de 2026, con el año conmemorativo a punto de culminar, la nación parece haber superado la etapa más virulenta de la conflictividad social, pero dista mucho de haber resuelto la parálisis estructural que la desencadenó.
El estado de excepción promulgado el 20 de junio desarticuló la mayor parte de los noventa puntos de bloqueo que paralizaron la Red Vial Fundamental durante más de cincuenta días. No obstante, la medida coercitiva continúa vigente a pesar de la ausencia de piquetes activos y coexiste con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía contra Evo Morales bajo las acusaciones de terrorismo, sedición y alzamiento armado, factor que amenaza con reactivar la convulsión social. A este tenso escenario se sumó, este 3 de agosto, una nueva reestructuración del gabinete de Rodrigo Paz —que incluyó el relevo del canciller y del ministro de la Presidencia, además de la supresión y fusión de dos carteras clave—, reflejando fuertes fricciones internas en vísperas del anuncio de un paquete de reformas económicas. El Bicentenario se despide planteando una duda ineludible: si la estructura estatal, tal como fue concebida, resulta aún viable.
Experimento constitucional agotado
La Constitución de 2009 se promocionó en su momento como una refundación audaz que instauró el Estado Plurinacional, garantizó autonomías territoriales consolidadas, impulsó el voto popular para la selección de magistrados e instaló a la administración pública en el centro de un modelo socioeconómico estatista. Sin embargo, en la praxis sociopolítica se transformó paulatinamente en un sistema de poder fuertemente centralizado, con mecanismos de contrapeso sumamente erosionados y una justicia supeditada a la pugna partidaria.
Diecisiete años después del hito constitucional, las promesas del modelo muestran su agotamiento estructural:
Centralismo presupuestario: La autonomía proclamada opera únicamente en el papel, subordinada a un eje fiscal que administra los recursos públicos desde La Paz con fines puramente gubernamentales.
Partidización de la judicatura: La votación popular de jueces degeneró en preselecciones parlamentarias filtradas por cúpulas partidarias y pactos coyunturales, desestimando la idoneidad técnica y el mérito académico.
Incertidumbre jurídica: El blindaje normativo frente al capital extranjero prohibió el arbitraje internacional e incrementó la prima de riesgo país, desincentivando la inversión privada indispensable para el desarrollo.
Lo que hoy presenciamos no es simplemente la deficiente administración de una buena idea, sino el inevitable colapso de un diseño que decidió plebiscitar funciones estrictamente técnicas, concentrar la autoridad eliminando controles y sacrificar la estabilidad de las normas en nombre de un discurso soberanista desconectado de la realidad.
Rodrigo Paz y la pesada herencia
Hasta la fecha, el Ejecutivo acumula continuas bajas ministeriales en carteras estratégicas como Hidrocarburos, Justicia, Defensa y Trabajo. Las decisiones del 3 de agosto, que redujeron los ministerios a doce dentro de un plan de austeridad, reflejan un rumbo impreciso en medio de fuertes presiones de sus aliados políticos. Aunque el mandatario apela al diálogo en su discurso público, esta postura contrasta abiertamente con la ratificación militar en los desbroces de rutas y la prórroga del estado de excepción por noventa días.
Las protestas iniciadas en mayo por colectivos de transportistas, mineros, gremiales y docentes paralizaron el abastecimiento de insumos básicos en las principales ciudades. Si bien el acuerdo firmado con la Central Obrera Boliviana y la intervención estatal disolvieron los bloqueos, la continuidad del régimen extraordinario demuestra que la excepcionalidad ha terminado por normalizarse como método habitual de administración pública.
Erosión del Estado de derecho
El Órgano Judicial constituye la manifestación más crítica de la parálisis institucional. La emisión de la Declaración Constitucional 0049/2023, mediante la cual el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) extendió su propio mandato en el cargo, vulneró frontalmente el principio de temporalidad de las funciones públicas y la prohibición expresa de juzgar en causa propia.
Esta distorsión se agravó durante el conflicto de junio y julio de 2026 entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, cuando magistrados y jueces anunciaron paros escalonados exigiendo la asignación autónoma del 5% del presupuesto estatal. Paralelamente, la elección popular de tribunales continuó demostrando su incapacidad estructural para garantizar fallos imparciales. A este complejo panorama se suma la reciente orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales emitida por el Ministerio Público a fines de julio; una determinación judicial adoptada en medio de un estado de excepción que confirma la constante utilización del aparato punitivo del Estado como un instrumento de confrontación política más que como un árbitro independiente.
Colapso del modelo estatista
La recesión de 2026 responde de forma directa a los límites del esquema económico implantado en 2009. El artículo 320 de la Carta Magna, al proscribir el sometimiento del Estado a tribunales arbitrales extranjeros, aisló al país de las corrientes de inversión internacional al obligar a resolver disputas complejas en estrados locales severamente cuestionados en su imparcialidad.
El drástico declive en la producción y exportación de gas natural, las constantes trabas para concretar la industrialización del litio y el agotamiento de las reservas internacionales netas son síntomas innegables de un modelo extractivista agotado. Los bloqueos de carreteras generaron pérdidas estimadas en el 5% del Producto Interno Bruto, acentuando el deterioro económico. Aunque las autoridades insisten en una narrativa de «recuperación económica» apoyada en treinta medidas de estabilización, los recurrentes cambios en el gabinete parecen meros retoques cosméticos si no se aplican reformas estructurales al sistema productivo.
Agenda mínima para sanar al Estado
El cierre del año del Bicentenario exige acordar reformas de fondo para reparar las estructuras defectuosas del país:
Reestructuración del sistema judicial: Es urgente erradicar la elección popular de magistrados y sustituirla por un comité técnico de selección integrado por la academia y la sociedad civil, fundamentado en el concurso de méritos. Los mandatos deben ser fijos e improrrogables, prohibiendo explícitamente cualquier variante de autoprórroga.
Presupuesto protegido y carrera judicial: Se debe otorgar una asignación presupuestaria fija y administrada de forma autónoma al Órgano Judicial, auditada de manera independiente, junto con la consolidación de una carrera judicial transparente.
Reforma de la Constitución económica: Resulta prioritario flexibilizar el marco normativo para permitir mecanismos de arbitraje internacional en contratos a gran escala, brindando certidumbre jurídica a los inversionistas sin ceder la soberanía nacional.
Restablecimiento de la institucionalidad: El Poder Ejecutivo debe abandonar la tentación de gobernar bajo decretos de excepción y reorientar el capital político a la construcción de acuerdos nacionales duraderos.
La despedida del Bicentenario no puede ser el relato de un país que naturaliza la excepcionalidad como forma de gobierno ni que sustituye las reformas institucionales por procesos penales coyunturales. Es el momento decisivo para asumir las fallas del modelo y emprender la reconstrucción profunda del Estado.
