El caso de la madera boliviana retenida en Chile dejó de ser solamente una investigación policial. Compromete la reputación de nuestras exportaciones, afecta a empresas y trabajadores y pone a prueba la capacidad de ambos Estados para actuar con transparencia y responsabilidad.
El 8 de junio, autoridades chilenas anunciaron la detección de más de 1.000 toneladas de madera proveniente de Bolivia con resultados positivos a sustancias ilícitas y señalaron que el operativo involucraba más de 100 toneladas de droga. La denuncia tuvo repercusión internacional y colocó bajo sospecha a toda una actividad productiva boliviana.
Pero han pasado meses y persisten preguntas fundamentales. El propio Ministerio de Gobierno de Bolivia informó que la Fiscalía chilena no había presentado hasta entonces un informe científico concluyente que certificara las cantidades denunciadas. Si existen dudas técnicas sobre un caso de semejante magnitud, corresponde aclararlas de manera definitiva.
Chile tiene una responsabilidad central: generar credibilidad sobre todo el proceso. Eso significa explicar con precisión qué procedimientos se utilizaron, cómo se tomaron y custodiaron las muestras, qué laboratorios intervinieron, qué resultados se obtuvieron y cuál es la situación procesal de las empresas involucradas. Una investigación seria no solamente debe ser correcta; también debe ser suficientemente transparente para que sus conclusiones puedan ser verificadas y generen confianza.
Las recientes declaraciones del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga vuelven a colocar el tema sobre la mesa. “Tuto” Quiroga presentó análisis contratados por el sector exportador que cuestionan aspectos técnicos de la investigación chilena. Son informes de expertos que, si bien no sustituyen una pericia oficial ni una resolución judicial, plantean observaciones que deben ser contrastadas y respondidas técnicamente.
Bolivia, por su parte, también tiene una responsabilidad que ya no puede postergar. El Gobierno debe tomar decisiones y asumir una defensa activa del sector exportador que se ha visto perjudicado. Defender al sector no significa encubrir a nadie ni interferir en una investigación penal. Significa proteger a las empresas que hayan actuado legalmente, exigir información oficial, impulsar contrapericias independientes y evitar que toda una actividad económica cargue con una acusación sin fundamentos de forma indefinida.
Si hubo narcotráfico utilizando exportaciones bolivianas, los responsables deben ser identificados y sancionados. Pero si empresas que cumplieron la normativa fueron afectadas por procedimientos defectuosos, acusaciones no demostradas o una investigación que se prolonga sin conclusiones, el Estado boliviano tiene la obligación de respaldarlas y defender su reputación, que no es sólo de ellas sino de un país entero.
Como parlamentario supraestatal considero fundamental fortalecer la relación entre Bolivia y Chile. Existen oportunidades de cooperación, comercio e integración que debemos cuidar y profundizar. Ese trabajo lo estamos desarrollando desde que asumimos esta gestión y hemos establecido relaciones y agenda de trabajo con nuestros pares chilenos. Precisamente por eso este caso debe resolverse institucionalmente. Una relación bilateral seria no se construye evitando los problemas, sino enfrentándolos con información, cooperación judicial y respeto al debido proceso.
Chile debe aportar claridad para dar credibilidad a la investigación. Bolivia debe actuar para defender legítimamente a su sector exportador. Ambas responsabilidades son complementarias.
La integración necesita confianza. Y en este caso, la confianza solo podrá reconstruirse con verdad comprobada, transparencia y decisiones oportunas.
