El presidente Rodrigo Paz promulgó seis decretos supremos que establecen medidas de apoyo a huérfanos por feminicidio, mantienen el precio de la garrafa de gas licuado, fijan condiciones para exportadores y habilitan mecanismos para denunciar cobros ilegales de servidores públicos.
El mandatario presentó las disposiciones mediante un hilo en la red social X, donde señaló que las normas buscan “proteger el bolsillo de las familias, frenar los cobros ilegales y dar reglas claras a la economía”.
El paquete incluye los decretos supremos 5745, 5746, 5747, 5748, 5749 y 5750, con medidas en materia de protección social, hidrocarburos, comercio exterior, tributación, transparencia y electricidad.
Apoyo a huérfanos y precio del gas
El Decreto Supremo 5745 establece un apoyo económico mensual para hijas e hijos que quedaron huérfanos a causa de feminicidio. Según el anuncio presidencial, el beneficio equivale al 20% del salario mínimo nacional. Los menores de cinco años también recibirán un paquete alimentario y tendrán acceso a servicios de salud y educación.
Por su parte, el Decreto Supremo 5746 mantiene en Bs 22,50 el precio de la garrafa de gas licuado de petróleo (GLP). Paz explicó que las variaciones en los costos no se trasladarán al consumidor, sino que serán compensadas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Nuevas reglas para exportadores
En materia de comercio exterior, el Decreto Supremo 5747 establece que los exportadores de oro deberán acreditar el ingreso de divisas equivalente al 80% del valor de sus exportaciones anteriores. De acuerdo con el presidente, la disposición no restringe la libertad de exportar.
El Decreto Supremo 5748, en tanto, introduce cambios en la devolución de impuestos vinculados con las compras y los costos de las actividades de exportación, mediante el Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM) digital.
Paz indicó que el mecanismo permitirá pagar deudas tributarias con estos certificados y agilizar los procedimientos. La norma contempla un plazo de 10 días para la calificación de facturas y de 180 días para solicitar el beneficio. Su vigencia comenzará el 1 de junio de 2027.
El Decreto Supremo 5749 habilita un mecanismo para denunciar a servidores públicos que soliciten dinero o favores a cambio de realizar trámites judiciales o administrativos. Las denuncias podrán presentarse por escrito en las oficinas del Viceministerio de Transparencia o mediante su plataforma digital. También se podrá solicitar la reserva de identidad.
Finalmente, el Decreto Supremo 5750 actualiza las fórmulas utilizadas para calcular los precios y las tarifas máximas de electricidad. Según la explicación del mandatario, el objetivo es establecer reglas más estables para el servicio eléctrico de los hogares y reducir la exposición de los precios a las variaciones del dólar.
Las seis disposiciones abarcan áreas distintas de la gestión pública. Su aplicación y sus resultados dependerán de los mecanismos de implementación y control previstos para cada una de ellas.
