La controversia por supuesta droga en cargamentos forestales, los cuestionamientos de exespecialistas de la DEA y la destrucción de parte de la mercancía exigen respuestas científicas, jurídicas y diplomáticas.
Una acusación que no puede sustituir a una sentencia, el caso de las maderas bolivianas investigadas en Chile ha superado el ámbito de un expediente penal. Ha afectado la confianza comercial, la reputación de empresas exportadoras y la seguridad jurídica de un sector que genera empleo y divisas. Nadie puede pedir indulgencia frente al narcotráfico: si existen delitos, deben probarse y sancionarse. Pero tampoco puede aceptarse que la sospecha sea tratada como una condena anticipada contra empresas cuya responsabilidad no ha sido establecida judicialmente.
Las pruebas técnicas que deben ser examinadas, como manifesté en mi anterior artículo, dos antiguos especialistas de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), James Craig Kuykendall y Scott Richard Oulton, elaboraron informes para la defensa de empresas bolivianas. Según la información periodística sobre esos documentos, Kuykendall cuestionó inconsistencias entre pruebas preliminares y análisis posteriores, así como la sustentación de las cantidades de droga anunciadas. Oulton, con experiencia en química forense, objetó la plausibilidad de una impregnación masiva en determinadas maderas de alta densidad y la ausencia de cuantificaciones concluyentes en la documentación examinada.
Estos informes no equivalen a una sentencia absolutoria ni sustituyen los peritajes oficiales. La Fiscalía chilena sostiene una interpretación distinta de sus resultados. Precisamente por ello es imprescindible permitir una contrastación técnica independiente, con acceso a las muestras, protocolos, cadenas de custodia y métodos analíticos. Detectar trazas de sustancias no demuestra por sí solo quién las introdujo, cómo llegaron al material ni la existencia de una operación organizada por cada empresa exportadora. Peor aun cuando se pasa establecer solo la presencia de metabolitos de droga (fragmentos de la droga que todavía conservan en la orina por efectos químicos o medicinales en el cuerpo. En otras palabras, la supuesta droga podría venir de la orina de alguna persona que consumió una droga licita o ilícita).
La destrucción por incineración de parte de los cargamentos, ejecutada por autoridades chilenas mientras persistían controversias sobre los análisis, constituye uno de los puntos más delicados del caso. Los reportes disponibles no permiten atribuir sin reservas al fiscal chileno una orden destinada a eliminar pruebas de inocencia; sí justifican preguntar quién dispuso cada actuación, bajo qué fundamento y qué muestras quedaron preservadas. Ante esto debemos preguntarnos donde quedo la reconocida institucionalidad y el respeto a la justicia, cuando el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, actúa de acuerdo a sus caprichos, vulnerando a la ley y los procedimientos.
¿Cómo ejercer plenamente el derecho a la defensa si desaparece el material que podía someterse a contraperitajes? ¿Se conservaron muestras representativas, debidamente identificadas y con cadena de custodia verificable? ¿Se notificó a las defensas y se garantizó su participación? La destrucción de material potencialmente exculpatorio puede ocasionar perjuicios irreversibles. El esclarecimiento de estas preguntas no es un favor diplomático: es una exigencia de debido proceso.
El excanciller Fernando Aramayo formuló declaraciones públicas solicitando pruebas a Chile, al inicio del montaje de este espectáculo, luego el silencio en su gestión se hizo presente. Sin embargo, esa declaración no basta para evaluar una gestión diplomática. Debe explicar qué diligencias formales impulsó, qué acceso a evidencia consiguió, qué garantías solicitó para preservar la mercancía y cuáles fueron los resultados concretos.
La defensa de la producción nacional exige una diplomacia activa, técnicamente preparada y capaz de acompañar a los ciudadanos y empresas en el exterior, siempre con respeto a la jurisdicción de los otros Estados.
Por otro lado, donde está en todo este tiempo la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, ellos tienen una responsabilidad de representación nacional que trasciende las declaraciones generales sobre inversión y seguridad jurídica. Corresponde que informe públicamente qué respaldo ofreció a los afectados, qué gestiones realizó ante las autoridades y cómo coadyuban a la defensa del sector. No se puede equiparar la falta de visibilidad pública con una ausencia absoluta de acciones; precisamente por ello, la transparencia de su actuación es necesaria.
La defensa de la empresa privada se demuestra también cuando los exportadores enfrentan acusaciones internacionales y amenazas a sus mercados.
Pero si hubo quienes defienden al empresariado afectado, entre estas acciones están las gestiones y pronunciamientos del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien expuso ante la Asamblea Legislativa los controles bolivianos y las dificultades para obtener información técnica de las autoridades chilenas. Asimismo, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, a la cabeza de Oswaldo Barriga, quien asumió la defensa y respaldo las acciones de las organizaciones forestales, reclamado garantías, verificaciones y una respuesta institucional ante los perjuicios denunciados.
Estos esfuerzos deben desembocar en una estrategia coordinada: intercambio de documentación, peritajes independientes, preservación de muestras y asistencia jurídica para las empresas, sin interferir en la investigación penal.
Ahora, ante la anunciada visita a Bolivia del presidente chileno José Antonio Kast, corresponde una posición inequívoca: será bienvenido, como lo es cualquier ciudadano chileno que llega con voluntad de amistad y respeto. Nuestros pueblos merecen relaciones constructivas y una agenda de cooperación.
Pero una visita de esta importancia debe servir también para aclarar el caso de las maderas. El presidente Rodrigo Paz y la Cancillería boliviana deben colocar en la agenda bilateral el acceso a los antecedentes científicos, la preservación de las pruebas restantes, las posibilidades de verificación independiente y las garantías para los exportadores. Si se acreditan actuaciones indebidas y daños indemnizables, deben evaluarse los mecanismos legales de reparación.
No se trata de convertir una investigación penal en un conflicto entre pueblos. Se trata de aprovechar la diplomacia de alto nivel para proteger derechos y restablecer confianza comercial.
Defender a los empresarios es defender el interés nacional. Bolivia no debe elegir entre combatir el narcotráfico y defender el debido proceso. Ambas obligaciones son inseparables. Una acusación debe investigarse con rigor; una empresa debe poder defenderse con pruebas; una autoridad debe explicar la destrucción de material relevante; y un gobierno debe utilizar todos los medios legítimos para proteger a sus exportadores.
Las maderas incineradas no podrán recuperarse, como tampoco la pérdida de reputación que sufren los empresarios madereros. La verdad de lo sucedido, la responsabilidad de cada actor y los derechos de quienes pudieron resultar perjudicados todavía deben esclarecerse. La visita presidencial debe producir compromisos verificables, no solamente fotografías. La firmeza de un Estado también se mide por su capacidad para defender, con pruebas y dentro de la ley, a quienes producen y trabajan.
