A un año de gestión, el Gobierno consiguió compromisos de financiamiento de organismos multilaterales y un acuerdo de $us 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, las principales reformas económicas continúan pendientes.
El presidente Rodrigo Paz logró la confianza de los organismos financieros con la obtención de créditos y la aplicación de medidas para estabilizar la economía. Sin embargo, su administración todavía no consiguió aprobar las principales leyes estructurales recuperar la producción y generar empleo formal.
En lo que va de su gestión, el Ejecutivo concentró sus esfuerzos en atender la emergencia económica, modificar la subvención a los combustibles, flexibilizar el mercado cambiario y gestionar recursos externos para fortalecer las reservas internacionales y cumplir las obligaciones financieras del Estado.
El respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Mundial constituyó uno de los principales resultados de la gestión.
Los economistas Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Fernando Romero y Alfredo Mancilla coincidieron, por separado, en que la estabilización todavía no se traduce en una recuperación sostenida de la producción, la inversión y el empleo
Reconocieron avances en la estabilización macroeconómica, aunque advirtieron que los resultados siguen siendo insuficientes para superar los problemas fiscales, productivos e institucionales.
Rodríguez destacó que el Gobierno logró recuperar la confianza de los organismos multilaterales y abrir espacios de coordinación con el sector privado. Sin embargo, cuestionó que esa apertura no haya estado acompañada de reformas económicas de fondo. “Lo malo ha sido el no haber avanzado en las reformas estructurales imprescindibles para que haya más inversión, producción, creación de riqueza y empleos dignos” sostuvo.
Por su parte, Romero identificó entre los principales avances la reducción de la inflación interanual, la flexibilización cambiaria y la recuperación del acceso al financiamiento externo. Empero, dijo que la reactivación económica, la reforma del Estado y la recuperación del sector hidrocarburífero continúan pendientes.
Para Mancilla, el primer año de gestión se basó como un periodo de ajustes económicos que todavía no consiguió transformar las condiciones productivas del país. “Fue un año de ajuste, no de transformación”, afirmó el economista, quien además cuestionó la falta de una estrategia económica integral y las dificultades de construir acuerdos políticos y sociales.
CRÉDITOS INTERNACIONALES
El financiamiento externo se convirtió en uno de los principales ejes de la política económica de Paz, que durante su primer año consiguió compromisos de apoyo de organismos multilaterales.
En septiembre de 2026, el Grupo BID anunció un paquete de $us 4.500 millones para el periodo 2026-2028, que contempla movilizar alrededor de $us 2.000 millones durante su primer año de implementación. A la fecha, se identificaron, por parte del BID, dos créditos aprobados por $us 492,2 millones: uno de $us 290 millones para fortalecer la protección social y otro de $us 202,2 millones para mejorar el suministro eléctrico en el norte amazónico. A estos recursos se suma una cooperación técnica no reembolsable de $us 600.000.
Por su parte, CAF comprometió un programa de financiamiento de hasta $us 3.100 millones para el periodo 2025-2030, mientras que el Banco Mundial aprobó $us 200 millones destinados a protección social.
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Romero destacó la recuperación del acceso al financiamiento internacional, pero señaló que el Gobierno todavía debe demostrar resultados concretos en infraestructura, producción y empleo. También pidió transparentar los desembolsos y la ejecución de los créditos.
En esa línea, Rodríguez, consideró que el respaldo externo contribuyó a estabilizar las expectativas económicas y aliviar las presiones cambiarias. No obstante, advirtió que los préstamos deben impulsar la inversión productiva y las exportaciones.
“Si bien el acceder a créditos es bueno, esto no debe ser presentado ni entendido como un fin en sí mismo», afirmó Rodríguez.
Por su parte, Mancilla cuestionó que los desembolsos efectivos sean menores a los montos anunciados y señaló que parte de los recursos recibidos se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras anteriores. “Endeudarse para pagar el pasado no es desarrollo”, sostuvo Mancilla y además advirtió que el financiamiento externo todavía no se traduce en una recuperación sostenida de la producción.
Los economistas coincidieron en que el principal desafío del Gobierno será convertir los créditos internacionales en inversiones productivas, generación de empleo y mayores ingresos de divisas, para reducir la dependencia del endeudamiento externo.
ACUERDO CON EL FMI
Otro de los principales resultados de la gestión económica de Paz fue el acuerdo con el FMI, que aprobó un financiamiento de $us 1.900 millones para Bolivia.
Según el gobierno, el programa busca fortalecer la balanza de pagos, recomponer las reservas internacionales y acompañar un proceso de consolidación fiscal, flexibilización cambiaria y reformas institucionales. El 6 de octubre de 2026, el Banco Central de Bolivia (BCB) confirmó la recepción del primer desembolso de $us 211,3 millones, destinado a fortalecer las reservas internacionales y mejorar la posición de liquidez externa del país.
El acuerdo contempla compromisos relacionados con la reducción gradual del déficit fiscal, la eliminación del financiamiento monetario del gasto público, la mayor flexibilidad cambiaria y la protección de los sectores vulnerables.
Romero explicó que el respaldo del FMI constituye un avance importante para recuperar la confianza internacional, pero advirtió que no representa por sí mismo una solución estructural a la crisis económica. Según el especialista, el financiamiento puede contribuir a estabilizar la economía y mejorar las reservas, aunque su efectividad dependerá de las reformas internas que aplique el Gobierno.
Romero señaló que Bolivia necesita reducir los desequilibrios fiscales, mejorar la eficiencia del gasto público, reformar las empresas estatales deficitarias y recuperar los ingresos provenientes de sus sectores productivos.
De lo contrario, advirtió, los préstamos internacionales podrían utilizarse únicamente para cubrir necesidades recurrentes de financiamiento, sin modificar las causas que originaron los problemas económicos. Recordó además que el programa con el FMI proyecta un déficit fiscal global equivalente al 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026, lo que evidencia que la consolidación de las cuentas públicas continúa pendiente.
Asimismo, señaló que las reservas internacionales brutas alcanzaron los $us 4.068 millones al 30 de octubre, aunque su composición revela una disponibilidad limitada de divisas. Del total reportado, $us 3.148 millones correspondían a oro y $us 855 millones a divisas. Esto significa que aproximadamente el 77% de las reservas estaba constituido por oro.
Rodríguez también valoró el acuerdo con el FMI como una señal favorable para la estabilidad macroeconómica y la recuperación de la confianza de los organismos internacionales. Consideró que el programa puede contribuir a fortalecer la disciplina fiscal y facilitar el acceso a nuevos recursos de otros organismos multilaterales. Sin embargo, señaló que el financiamiento no será suficiente si Bolivia no consigue atraer inversiones, recuperar su capacidad productiva e incrementar las exportaciones.
A su juicio, el país necesita avanzar simultáneamente en la reducción del déficit fiscal y en el fortalecimiento de las reservas internacionales mediante el ingreso sostenido de divisas.
Rodríguez destacó que la flexibilización cambiaria y la modificación de la subvención a los combustibles contribuyeron parcialmente a corregir desequilibrios económicos acumulados.
No obstante, sostuvo que el proceso de estabilización sigue incompleto porque todavía no se resolvieron los problemas fiscales ni se consiguió una recuperación sostenida de la actividad productiva.
Mancilla, por su parte, reconoció que el acuerdo con el FMI puede contribuir a ordenar las cuentas públicas, pero cuestionó que el programa financiero sea considerado una respuesta suficiente a la crisis.
«El acuerdo con el FMI impone disciplina a las cuentas públicas, pero no construye un país», afirmó el especialista. También explicó que los problemas de Bolivia no se limitan al déficit fiscal, sino que comprenden la caída de la producción hidrocarburífera, la debilidad institucional y la falta de confianza en el sistema judicial.
En ese contexto, advirtió que la estabilidad de precios y la disponibilidad temporal de dólares no garantizan una recuperación económica si no se incrementan la producción, la inversión y el empleo.
Mancilla también cuestionó la falta de un debate público amplio sobre los compromisos asumidos con el organismo internacional y planteó que las medidas económicas deben explicarse a la población.
LEYES ESTRUCTURALES
Pese a los avances en la obtención de financiamiento externo, el Gobierno de Paz concluyó su primer año sin concretar las principales reformas económicas anunciadas. Hasta el 30 de octubre se habían promulgado 89 leyes, según recuento de la Gaceta oficial, de las cuales 16 correspondían a créditos o financiamiento internacional, mientras que las reformas en inversiones, hidrocarburos, minería y tributación continuaban pendientes.
El economista Fernando Romero señaló que la falta de aprobación de estas normas responde tanto a las dificultades para construir consensos en la Asamblea Legislativa como a problemas de coordinación y planificación del Ejecutivo.
Como ejemplo mencionó la Ley de Inversiones, anunciada en mayo, presentada en agosto y posteriormente observada. El 29 de octubre, el Gobierno anunció el envío de una nueva versión del proyecto.
Romero sostuvo que la recuperación económica requiere seguridad jurídica, estabilidad tributaria y reglas claras para atraer inversiones. También planteó reformas en hidrocarburos, minería, empresas públicas y administración estatal, además de avanzar en la redistribución de recursos 50/50 entre el nivel central y las regiones.
Por su parte, Rodríguez, consideró que la ausencia de reformas estructurales constituye una de las principales debilidades del primer año de gestión. Identificó tres condiciones indispensables para impulsar el desarrollo: seguridad jurídica, seguridad de mercados y coordinación público-privada. En ese marco, cuestionó la persistencia de bloqueos, avasallamientos, contrabando y restricciones a las exportaciones.
Rodríguez planteó la necesidad de aprobar una Ley Antibloqueos y reformas en inversiones, hidrocarburos, minería, electricidad, tributación y legislación laboral. Asimismo, advirtió que las diferencias entre la Presidencia y la Vicepresidencia, junto con los intereses partidarios en la Asamblea, dificultaron el avance de las reformas.
En tanto, Mancilla atribuyó la falta de resultados legislativos a problemas de gobernabilidad, errores de planificación y ausencia de una estrategia económica integral.
Cuestionó que el Ejecutivo haya priorizado la aplicación de decretos en lugar de construir acuerdos legislativos con los sectores involucrados. Consideró que el país necesita fortalecer sus instituciones, y establecer reglas claras para la inversión. Mancilla también propuso impulsar un nuevo modelo productivo basado en la diversificación económica, las energías renovables y la agroindustria sostenible, acompañado de reformas en inversiones, hidrocarburos, responsabilidad fiscal y lucha contra la corrupción.
Los especialistas coincidieron además en que la estabilización económica y el respaldo financiero internacional son insuficientes sin reformas que permitan recuperar la producción, atraer inversiones y generar empleo formal.
