El Gobierno del presidente Rodrigo Paz cumplió ayer su primer año de gestión en medio de cuestionamientos por la falta de un proyecto de país, el debilitamiento de sus alianzas políticas y la confrontación con el vicepresidente Edmand Lara.
Los analistas políticos Reymi Ferreira, Vladimir Peña y Cristhian Vara coincidieron en señalar que el Ejecutivo no logró consolidar una hoja de ruta que articule las políticas económicas, sociales e institucionales, pese a las expectativas de cambio generadas tras las elecciones de 2025.
Las observaciones apuntan también a la ausencia de acuerdos políticos duraderos, la fragmentación de las fuerzas que inicialmente respaldaron al mandatario y las dificultades para construir una agenda legislativa que permita ejecutar las reformas estructurales.
A ese escenario se suma la ruptura entre Paz y Lara, cuyas diferencias comenzaron durante la campaña electoral y se profundizaron después de asumir el poder. La confrontación derivó en decisiones gubernamentales que generaron cuestionamientos sobre las atribuciones constitucionales de ambas autoridades.
GOBIERNO SIN PLAN
La ausencia de una planificación integral es uno de los principales cuestionamientos a la administración de Paz. Los analistas consideran que el Gobierno concentró sus esfuerzos en responder a la emergencia económica y resolver problemas inmediatos, sin establecer una estrategia de mediano y largo plazo.
El analista político Reymi Ferreira sostuvo que el Ejecutivo no cuenta con un programa general suficientemente articulado o, en caso de existir, no logró transmitirlo a la población. “Creo que no tiene un plan definido, a mi criterio existe mucha improvisación, o por lo menos no existe un plan general que articule los temas de la agenda económica, política y social. Y si existe no ha habido capacidad de socialización entre la población”, afirmó.
Ferreira reconoció que la administración recibió una situación económica compleja, pero observó que la atención de las urgencias desplazó la definición de políticas estratégicas.
Por su parte, Vladimir Peña señaló que el Gobierno avanzó mediante decisiones puntuales, sin establecer con claridad el sentido de las transformaciones que pretende impulsar. “El 2025 la gente votó por un cambio, pero un año después no se vislumbra el sentido de ese cambio. Se avanzó con medidas, no con un proyecto. Lo que debía ser el año de marcar el rumbo ha dejado más sombras que luces”, manifestó Peña.
El especialista caracterizó a la administración de Paz como un “gobierno bombero”, dedicado a resolver conflictos y responder a situaciones coyunturales.
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En esa misma línea, el presidente del Colegio Departamental de Politólogos de Santa Cruz, Cristhian Vara, consideró que el Ejecutivo no logró transformar su propuesta electoral en un proyecto gubernamental consolidado.
Según su evaluación, las dificultades para administrar el poder, la dispersión de decisiones entre distintos sectores del Gobierno y la falta de coordinación impidieron establecer una estrategia frente a la inflación, la escasez de dólares y los problemas de abastecimiento de combustibles.
Vara sostuvo que el mandatario debe recuperar la capacidad de decisión y definir una hoja de ruta que permita ejecutar cambios estructurales, además de cumplir los compromisos asumidos durante la campaña electoral.
SIN ALIANZAS NI ALIADOS
La falta de acuerdos políticos constituye otra de las debilidades identificadas por los analistas, que advirtieron que el Ejecutivo no logró mantener la articulación de fuerzas que contribuyeron a su victoria electoral.
Vara explicó que el proyecto político de Paz atravesó dos etapas: una primera, durante la campaña, caracterizada por la capacidad de reunir sectores de distintas tendencias; y una segunda, después de asumir la Presidencia, marcada por la fragmentación de ese respaldo. Según el especialista, la ruptura con el vicepresidente Lara, las divisiones dentro de la bancada oficialista y el distanciamiento de dirigentes como Samuel Doria Medina redujeron la capacidad de articulación política del Gobierno.
Señaló que el Ejecutivo llegó inicialmente con respaldo parlamentario mediante acuerdos con otras fuerzas, pero esa articulación se debilitó y dio paso a negociaciones circunstanciales.“No hay un bloque legislativo que vaya a respaldar acá a un mediano o largo plazo al presidente, son alianzas coyunturales”, sostuvo Vara.
A su juicio, esta situación dificulta la aprobación de reformas estructurales y limita la capacidad gubernamental para enfrentar una crisis económica que requiere decisiones acompañadas de respaldo político y social.
Ferreira también cuestionó la ausencia de una coalición gubernamental o legislativa estable. Consideró que determinados sectores cercanos al mandatario pudieron influir para que no se priorizara la construcción de acuerdos.
Advirtió que una mayoría parlamentaria circunstancial, articulada por el rechazo al Movimiento Al Socialismo (MAS), no garantiza la sostenibilidad de una agenda de transformaciones. “A mi modesto entender es imperativo un pacto político con definiciones concretas y acciones concretas”.
Asimismo, alertó que la falta de acuerdos entre organizaciones políticas puede derivar en negociaciones individuales con legisladores, lo que podría fomentar el transfugio y el oportunismo político.
Peña coincidió en que el Gobierno presenta dificultades para construir consensos y atribuyó esta situación a una deficiente capacidad de negociación. “Independencia es tener rumbo propio; aquí lo que hay es aislamiento y excesiva confianza en el hiperpresidencialismo”, señaló.
Advirtió que las reformas impulsadas únicamente mediante decretos, sin acuerdos amplios, quedan expuestas a cuestionamientos políticos, judiciales y sociales. En ese contexto, planteó la convocatoria a una cumbre política para definir un programa mínimo de consenso nacional, acompañado de una agenda legislativa vinculada con las principales preocupaciones de la población.
PELEA CON LARA
La confrontación entre Rodrigo Paz y Edmand Lara constituye uno de los conflictos políticos más visibles del primer año de gestión y refleja las diferencias surgidas dentro del binomio que llegó al poder en noviembre de 2025.
Los primeros desacuerdos se manifestaron durante la campaña electoral y se profundizaron después de la posesión, cuando el vicepresidente denunció que era excluido de reuniones del gabinete y cuestionó decisiones adoptadas por el entorno presidencial.
Posteriormente, Lara se declaró opositor a su propio Gobierno y acusó públicamente al mandatario de irregularidades, reparto de cargos y protección a funcionarios cuestionados.
El vicepresidente también manifestó su arrepentimiento por haber conformado el binomio electoral y llamó a emitir un voto de castigo contra candidatos vinculados con la alianza que respaldaba al presidente durante las elecciones subnacionales.
Para Peña, la confrontación comenzó como una disputa personal, pero adquirió una dimensión institucional por sus implicaciones en el funcionamiento del Ejecutivo y el régimen de sucesión presidencial. “Nació como una disputa personal, pero se volvió institucional porque contamina la sucesión constitucional y el funcionamiento del Ejecutivo”, explicó.
Sostuvo que las diferencias responden a una disputa de intereses y poder que consume tiempo, energía y credibilidad gubernamental, mientras los problemas económicos y sociales permanecen pendientes de atención.
Ferreira, en cambio, consideró que las diferencias tienen un componente ideológico de fondo, debido a que Paz mantiene una orientación liberal, mientras Lara representa posiciones populares o populistas. No obstante, estimó que la confrontación tiene efectos principalmente simbólicos y mediáticos, debido a las características del sistema presidencialista boliviano y al limitado respaldo político que, según su evaluación, consiguió el vicepresidente dentro de la Asamblea Legislativa.
Vara fue más crítico respecto de las posibilidades de reconciliación y sostuvo que las diferencias entre ambas autoridades son profundas. Consideró que Lara busca distanciarse de la imagen gubernamental y proyectar una posición política propia, lo que dificulta alcanzar acuerdos dentro del Ejecutivo.
Advirtió también que la confrontación podría trasladarse a sectores sociales con capacidad de movilización y complicar la aplicación de medidas económicas.
Ante ello, planteó la necesidad de establecer una mesa de diálogo entre ambas autoridades, tomando en cuenta que fueron elegidas mediante el voto popular y que sus diferencias deben resolverse en el marco institucional.
DECRETO SUPREMO 5515
La aprobación del Decreto Supremo 5515 profundizó el debate sobre la relación entre el presidente y el vicepresidente, al establecer mecanismos para que Rodrigo Paz ejerza sus funciones mediante medios tecnológicos cuando se encuentre temporalmente fuera del territorio nacional.
La disposición también regula las atribuciones de la Vicepresidencia durante la suplencia temporal y establece que su actuación debe sujetarse a instrucciones expresas del titular del Ejecutivo y coordinarse con el Ministerio de la Presidencia.
Peña consideró que el decreto abre un conflicto jurídico porque una disposición del Ejecutivo no puede modificar lo establecido por la Constitución Política del Estado, particularmente en su artículo 169. “Un decreto no puede modificar lo que establece la Constitución (art. 169) sobre quién ejerce la Presidencia en ausencia del titular”, sostuvo.
Advirtió que la controversia podría derivar en acciones constitucionales y generar incertidumbre respecto de la validez de determinadas decisiones gubernamentales adoptadas durante las ausencias del mandatario.
Vara coincidió en cuestionar la disposición y sostuvo que la continuidad administrativa no puede justificar modificaciones al régimen constitucional de suplencia presidencial. A su juicio, el decreto constituye un precedente institucional que debe ser examinado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia encargada de resolver las controversias sobre su compatibilidad con la Constitución.
Ferreira asumió una posición distinta respecto del alcance político de la medida. Consideró que el DS 5515 responde a una situación coyuntural, aunque no resuelve las diferencias estructurales entre las dos principales autoridades del Ejecutivo.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé ya había cuestionado en una anterior oportunidad que las diferencias políticas entre ambas autoridades se profundicen mediante decisiones de constitucionalidad debatible y recordó la obligación de coordinación y cooperación entre los órganos del Estado.
