La Cámara de Senadores aprobó una ley corta que libera a las gobernaciones del pago de prediario a los reclusos, del bono de vacunación para el personal de salud y la emisión gratuito de diplomas de bachiller. La norma es parte del acuerdo con el Gobierno para viabilizar la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado.
El presidente del Senado, Diego Ávila (PDC), dijo que “estamos devolviendo la facultad la competencia y la asignación de los recursos a nivel central que durante todos estos años fueron injustamente endilgados a las autonomías en los distintos niveles”.
“No se trata solo de decir que somos autonomistas; esta ley devuelve recursos a las autonomías y representa un primer paso concreto hacia el 50-50”, acotó.
La bancada Libre presentó el proyecto de Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas y según el senador Leonardo Roca tras una sesión de más de 14 horas. Ahora se remite a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
La iniciativa responde al pedido de los gobernadores del país de avanzar en el 50/50 y los cuestionamientos porque se les transfirió competencias sin recursos económicos. Desde 2005, la Ley 3302 asignaba a los gobernadores el pago del prediario, del bono de vacunación, de becas universitarias y de las contrapartes para riego y electrificación.
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Gobernadores
Además, se trata de una de las demandas planteadas por los gobernadores del país durante la reunión realizada el 16 de julio en El Alto, donde solicitaron la revisión y eliminación de normas que asignan responsabilidades financieras a los gobiernos departamentales.
Asimismo, el proyecto de ley plantea transferir al Tesoro General de la Nación (TGN) el costo del prediario y los gastos de funcionamiento del régimen penitenciario; el bono de vacunación, los viáticos de vacunación, el escalafón al mérito y otros beneficios económicos de alcance nacional del sector salud.
Además, las becas universitarias creadas o administradas por programas nacionales; y el mantenimiento y reposición de infraestructura deportiva de propiedad o responsabilidad del nivel central.
En ese contexto, el proyecto señala que los recursos departamentales que dejen de destinarse a esas obligaciones permanecerán bajo administración de las gobernaciones y se programarán conforme a sus competencias, planes y presupuestos institucionales.
Además, prohíbe la realización de débitos automáticos o transferencias obligatorias desde las cuentas fiscales de los gobiernos autónomos departamentales.
«Celebramos por escuchar esta petición de los gobernadores», destacó la gobernadora de Tarija, María René Soruco.
