La nueva magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Mirian Rosell delineó tres ejes de trabajo para fortalecer la administración de justicia en Santa Cruz, tras las denuncias de irregularidades que involucran a los exmagistrados Romer Saucedo y Aldo Quezada.
La autoridad sostuvo un primer encuentro con vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, con el propósito de conocer el funcionamiento de esa instancia e identificar los principales problemas institucionales y administrativos.
La reunión se desarrolló en medio de las investigaciones relacionadas con los casos del exfiscal general Roger Mariaca y las maletas, que involucran a los exmagistrados. Saucedo se encuentra en el exilio, mientras que Quezada fue enviado a prisión por el caso Mariaca.
Ambos casos estuvieron acompañados de denuncias sobre presuntas irregularidades en los sorteos y la asignación de causas judiciales, además de cuestionamientos sobre posibles privilegios dentro del sistema.
En ese contexto, Rosell planteó la necesidad de recopilar información objetiva sobre la administración judicial de los últimos años, revisar la documentación institucional y evaluar las denuncias existentes.
«Primero debemos conocer los hechos, revisar la documentación y, donde corresponda, promover las medidas necesarias dentro del marco legal», señaló la magistrada, según un reporte de AJN difundido por eju.tv.
El primer eje contempla una evaluación y priorización de las necesidades del sistema judicial cruceño, mediante un diagnóstico que permita identificar dificultades operativas, asuntos urgentes y obstáculos en la administración de justicia.
El segundo está relacionado con la transparencia y fiscalización. Esta línea de trabajo apunta a revisar las denuncias de irregularidades, combatir posibles hechos de corrupción y eliminar privilegios indebidos, respetando los procedimientos legales.
El tercer eje plantea mejorar la coordinación entre las autoridades judiciales y fortalecer el servicio a la ciudadanía, con el objetivo de garantizar una atención digna y transparente a quienes acuden a los tribunales.
Rosell sostuvo que la recuperación de la confianza ciudadana requiere compromisos institucionales y resultados verificables, en un contexto marcado por los cuestionamientos al sistema judicial.
«La ciudadanía espera instituciones transparentes, autoridades responsables y resultados concretos. Ese debe ser nuestro compromiso para que la justicia esté verdaderamente al servicio de la gente», afirmó.
La iniciativa busca establecer una evaluación del funcionamiento del TDJ cruceño y encaminar acciones para mejorar su gestión, en medio de las investigaciones y denuncias que afectan la credibilidad de la administración de justicia.
