Cuando un representante del Estado propone esterilizar a mujeres en situación de calle, no estamos ante una torpeza verbal. Estamos ante una forma de pensar la pobreza, la mujer y el poder. El diputado proyectista es parte del Estado porque ejerce autoridad pública y legisla desde una institución estatal, aunque su propuesta no sea todavía una política oficial. Precisamente por eso sus palabras deben ser examinadas con rigor.
El primer problema es su carácter misógino. ¿Por qué la mirada se concentra sobre las madres y no sobre los machotes que también participan en la concepción? ¿O las mujeres son Virgenes Marías para concebir por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Por qué el cuerpo femenino aparece como el territorio que debe ser controlado? La propuesta reproduce una vieja lógica: responsabilizar a la mujer por la pobreza de sus hijos y convertir su capacidad reproductiva en una amenaza o peligrosidad social. Se la trata no como sujeto de derechos, sino como miembro de una población que se puede y debe administrar: positivismo criminológico rancio. Es una visión peyorativa, discriminatoria y profundamente desigual.
Un segundo problema criminológico. La antigua figura de la vagancia castigaba a las personas no por un hecho concreto, sino por su condición social, su forma de vida o la peligrosidad que se les atribuía (“¿Y TU MIRADA?”, dicho popularmente). Era una supervivencia del poder castigando a las personas por lo que son o parecen ser, y no por un hecho concreto.
En Bolivia se conoció la calificación policial de “vago y malentretenido”. Años denunciamos que la peligrosidad predelictual era inconstitucional; el derecho penal no puede castigar una personalidad, una sospecha o una potencialidad. Debe responder a actos concretos. Las ideas, los deseos y las intenciones no bastan. El iter criminis exige que la voluntad se exteriorice en actos jurídicamente relevantes; de otro modo, todos terminaríamos penalizados: ¿quién no ha pensado alguna vez aquello que no nos atrevimos a hacer?
La aberrante esterilización recupera esa misma lógica y la traslada del encierro al cuerpo. Antes se encerraba al supuesto vago por el delito que podría cometer. Ahora, no se combatiría la exclusión; se neutralizaría biológicamente a quien la padece.
Es un populismo punitivo y biopolítico. Punitivo, porque convierte a una población vulnerable en objeto de control. Biopolítico, porque pretende administrar cuerpos, nacimientos y reproducciones. La mujer pobre deja de ser producto de la exclusión y pasa a ser presentada como productora de pobreza. El Estado deja de preguntarse por qué vive en la calle y comienza a preguntarse cómo evitar que tenga hijos. Eso es perverso y criminal.
Es una forma de eugenesia social negativa: no busca mejorar las condiciones en que nacen los niños, sino impedir que nazcan dentro de un grupo considerado socialmente inconveniente e “indeseable”.
No sabemos si el proyecto nace de la ignorancia jurídica, del deseo de notoriedad o del cálculo de obtener aplausos fáciles. Cualquiera sea la explicación, revela la ligereza con que algunos representantes convierten la tragedia social en espectáculo legislativo.
Un Estado democrático no esteriliza la pobreza: la combate. No neutraliza a la mujer vulnerable: la protege. No impide que nazcan los hijos de los excluidos: ¿sería genocida?. Construye una sociedad en la que ningún niño deba nacer condenado a la calle. Todo lo demás es eugenesia disfrazada de política social.
