Rafael Belmonte Gómez, diputado a Cortes Generales por Sevilla del Grupo Parlamentario Popular y secretario Segundo de la Comisión de Sanidad del Congreso
El Ministerio de Sanidad ha publicado el Proyecto de Ley de Gestión Pública en el BOCG del 22 de mayo de 2026. Este proyecto de ley busca blindar el sistema pero, sin embargo, en la práctica atenta directamente contra la autonomía de las comunidades autónomas en materia sanitaria. No es una reforma técnica para buscar la eficiencia, es una clara imposición ideológica que redefine unilateralmente las reglas de la sanidad española.
No es una reforma técnica para buscar la eficiencia, es una actividad ideológica para revertir la autonomía sanitaria de las comunidades
La nueva norma deroga la histórica Ley de 1997 que permitía una flexibilidad clave en la gestión sanitaria. Con el nuevo marco, los conciertos privados se restringen drásticamente y pasa a ser una fórmula estrictamente excepcional. Las administraciones autonómicas ya no podrán acudir de forma ágil a estas herramientas, se exigirá un control más exhaustivo a las comunidades. Deberán presentar una justificación objetiva antes de firmar cualquier concierto. El riesgo real de esta norma es la reducción progresiva de la colaboración público-privada a pesar de que ha aliviado históricamente las listas de espera.
Las comunidades autónomas mantienen las competencias de gestión y la autonomía sanitaria sobre el papel, pero estas nuevas reglas del juego condicionan gravemente sus políticas. El texto introduce presiones regulatorias para forzar el retorno a la gestión pública directa. El impacto será asimétrico y golpeará a las regiones con modelos mixtos.
El Ministerio de Sanidad oculta el verdadero reverso económico de este capricho normativo. No es otro que la internalización forzosa de los servicios sanitarios que se traducirá en un aumento del gasto público. Las arcas autonómicas tendrán que asumir nuevas infraestructuras y plantillas de personal. Todo esto ocurrirá sin una financiación estatal clara que lo respalde.
La internalización de los servicios sanitarios a la que fuerza el Ministerio se traducirá en un aumento del gasto público
Esta ley representa una intromisión intolerable del Ministerio en el marco competencial de la autonomía sanitaria. La sanidad está transferida para que cada región aplique el modelo más eficaz. Al redefinir por decreto el modelo de gestión prioritario, el Gobierno central deja maniatados a los gestores regionales.
No se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de la partida. Esta ley refleja una evidente orientación política que criminaliza la colaboración privada por puro prejuicio doctrinario. El centralismo ideológico de Mónica García prefiere la rigidez burocrática antes que un sistema mixto que funcione.