Hay dos relojes corriendo sobre el sector hidrocarburífero boliviano y solo uno responde a las decisiones del Gobierno. El primero se vacía por física de reservorio: los campos declinan hagan lo que hagan la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Las reservas probadas quedaron en 3,7 trillones de pies cúbicos (TCF) al cierre de 2025. La producción retrocedió de 59 a cerca de 31,6 millones de metros cúbicos por día y las exportaciones de gas sumaron 120,2 millones de dólares en el primer bimestre de 2026. Esto es un 34,7% menos que un año antes. Ninguna norma revierte esa curva. El segundo reloj —el de los nuevos contratos e inversiones— hay que fabricarlo. Ahí empieza el problema.
El diagnóstico ya no viene solo de la oposición o de consultores externos. En su rendición pública de cuentas, YPFB admitió que ha mermado drásticamente las reservas probadas» y que la producción nacional de petróleo y gas alcanzó «mínimos históricos». Para Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos y director de la consultora Gas Energy, la deuda se acumuló durante dos décadas. En ese periodo se consumieron 13 TCF de gas y millones de barriles de condensado y petróleo sin reponer reservas. Su síntesis es breve. «Estamos tarde, muy tarde».
Falta además una pieza central del tablero. La nueva certificación de reservas, anunciada como inminente el 5 de julio —con un nivel que el propio presidente de YPFB, Sebastián Daroca, ubicó por debajo de 3 TCF—, sigue sin publicarse.
El tiempo es esencial
Ríos desagrega la cadena que separa una ley de la primera molécula adicional. Aprobar la norma, reglamentarla, que las empresas lleven planes de trabajo a sus directorios, explorar, encontrar y recién entonces desarrollar. Su proyección, en el mejor de los escenarios, es que «tal vez con mucha suerte, y con todo funcionando muy bien, podremos ver algo de nueva producción alrededor de 2030». Y admite que eso puede recorrerse hasta 2031 o 2032.
Ese cálculo choca con el calendario político. El paquete de reformas —hidrocarburos, minería, inversiones, energía— recién empieza a tratarse tras el receso legislativo que concluyó el lunes pasado. El Ejecutivo aún negocia respaldos entre bancadas. Ríos esperaba otra velocidad: que a estas alturas la ley ya estuviera aprobada y en fase de reglamentación.
La condición previa
Hay un punto de la entrevista que el debate público apenas ha tocado. «Para que esta ley pase, primero se deben quitar los subsidios, principalmente al gas natural», sostiene Ríos.
El planteamiento contradice de frente la política vigente. El Decreto Supremo 5652 congeló los precios de los combustibles hasta enero de 2027, decisión adoptada después de 53 días de bloqueos. Y el subsidio al gas no pesa únicamente sobre el Tesoro: durante años las termoeléctricas y la industria compraron el energético a entre $us 1,2 y $us 1,6 por millón de BTU, mientras Brasil pagaba entre $us 4 y $us 6. Esa diferencia la absorbió YPFB, con efecto directo sobre su capacidad de inversión.
Abrir la puerta no alcanza
Ríos es escéptico sobre la respuesta del capital. «No es fácil que vengan nuevas empresas: es casi imposible», afirma, y atribuye el retraimiento a la nacionalización, el cambio de contratos y el alza unilateral de impuestos. Su pronóstico es acotado: los únicos que podrían animarse a invertir serían «los que están acá todavía operando y produciendo las últimas moléculas de gas».
A ese factor jurídico se suman otros que ninguna ley sectorial resuelve por sí sola. Una empresa que evalúe Bolivia en 2026 mira también los 53 días de bloqueos, un tipo de cambio que se movió con fuerza en semanas, precios administrados por decreto semestral y una reestructuración de YPFB y la ANH que el ministro Marcelo Blanco reconoció que no avanza al ritmo previsto. Estabilidad económica, política y social y reforma normativa son condiciones simultáneas, no sucesivas.
Queda un último contraste. El jueves, en El Alto, el presidente Rodrigo Paz anunció un esquema «50-50» para elevar la participación de gobernaciones y municipios en la renta extractiva. Si la producción nueva no llega antes de 2030, esa discusión versa sobre recursos que todavía no existen. El primer reloj sigue vaciándose mientras el segundo aun no tiene ni siquiera aprobada su puesta en marcha.
