El pasado martes, cumpliendo finalmente con una promesa largamente anunciada, el Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley de Inversiones. Es la primera pieza de un paquete de reformas estructurales de las que el gobierno de Rodrigo Paz viene hablando desde su primer día de gestión. Para Silvia Salame Farjat, jurista, extitular del Tribunal Constitucional y exsenadora por Chuquisaca, la noticia llega tarde. El ritmo del oficialismo no está a la altura de la urgencia económica del país.
«¿Cómo responde esto a las necesidades? Muy, pero muy lento», dice, sin rodeos, apenas se le pregunta por el envío de la norma. A su juicio, la demora tiene una explicación de origen. «Considero que se debió dar prioridad a esto: debía existir un equipo de abogados de alto nivel dedicado de inmediato a analizar cuáles eran las normas, sobre todo las que tienen que ver con el ámbito de la seguridad jurídica y de la economía». Eso, dice, no ocurrió. A la lentitud institucional se sumó una crisis que puso en vilo al país entero. «Los 50 días de bloqueos prácticamente paralizaron al país, y probablemente todo el equipo de ministros se dedicó a tratar de poner paños fríos a ese problema», observa.
Sobre el contenido mismo del proyecto —103 artículos que buscan dar seguridad jurídica y previsibilidad a la inversión nacional y extranjera durante los próximos 20 años—, su primera impresión es de exceso. «La ley que finalmente se ha presentado me parece muy ampulosa: quien mucho explica, mucho se complica», dice. Aun así, no descarta la norma. Cree que «con algunos ajustes» el proyecto «sí podría viabilizarse».
Diez dólares, cien países
Su argumento es menos jurídico que de sentido común económico. «Nadie va a confiar en un país donde prácticamente el juez va a ser el mismo Estado. Es decir, ¿qué seguridad puede tener usted de que la inversión que ha hecho en un país vaya a tener un buen fin?». Se refiere a que el marco legal y constitucional actual no admiten la posibilidad de arbitrajes fuera de la justicia boliviana.
Cita, para ilustrarlo, a un analista que escuchó recientemente. «Para diez dólares hay cien países que quieren que esos diez dólares vayan hacia el suyo». De ahí se desprende, dice, la necesidad de una cláusula de estabilidad de largo plazo. «Esto no podrá cambiarse en veinte, treinta o cuarenta años, porque las inversiones tampoco son para diez días», asevera.
Un acuerdo que nunca llegó
Si hay un diagnóstico que atraviesa toda la conversación con Salame, es que la lentitud legislativa no es un problema técnico sino político: la ausencia de un pacto amplio que respalde jurídicamente el rumbo económico que el Gobierno quiere imprimir. «Desde el inicio debía haberse alcanzado un gran acuerdo político para sacar al país de esta situación económica. Dentro de ese acuerdo político debía estar inmersa la aprobación de un paquete de leyes prioritarias», afirma. Y lo que vino después, sostiene, fue en sentido contrario. «Lamentablemente, el presidente, en lugar de mejorar la situación, la empeora».
La exsenadora alude al mensaje presidencial del 6 de agosto, en el que Paz planteó que ya no negociaría con los partidos ni con las bancadas como bloques, sino de manera directa con cada legislador. Salame no acusa al mandatario de intenciones ilegítimas —»no estoy diciendo que los vayan a comprar, no, porque no creo que eso llegue a suceder»—, pero advierte sobre el riesgo institucional de esa estrategia. «No puede someterse al capricho de un senador o de un diputado. Tiene que ser un acuerdo patriótico, un acuerdo político. Una voluntad política donde el Gobierno se acerque a las fuerzas políticas que forman parte de la Asamblea Legislativa».
Y va más allá, propone ampliar la mesa a todo el arco político, no solo al oficialismo o a sus aliados circunstanciales. «Para que, entre todos los ciudadanos, hagamos el esfuerzo de que realmente exista un respaldo jurídico para toda esa ingeniería económica que hace, en solitario, el Ministerio de Economía».
Constitucionalidad y reformas
Entre los cuestionamientos que han surgido contra la Ley de Inversiones en la propia Asamblea está el de su constitucionalidad. En particular en lo referido al arbitraje internacional, y el de la debilidad institucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Este último funciona con algunos vocales cuyo mandato ya feneció. Salame, que conoce el tribunal desde dentro por haber sido su magistrada, separa ambos problemas.
Sobre lo primero, sostiene que la propia Constitución le da a la Asamblea Legislativa la facultad de interpretarla mediante ley. «Cosa que, a mi criterio, no debería haber sido así, pero ya está, y no podemos ignorar lo que existe», puntualiza. En su criterio, bien redactada, la norma puede «modular» el texto constitucional sin modificarlo. «Lo que prevé la Constitución no se puede modificar mediante una ley, pero sí se puede modular. Eso es precisamente lo que dice la propia Constitución: que se puede hacer mediante ley».
La cuestión del TCP
Sobre el segundo punto, es más escéptica de que sea un obstáculo real. «No veo en qué podría influir. Primero, porque nadie está demandando la inconstitucionalidad de este proyecto. Segundo, es evidente que el Tribunal Constitucional está cojo, es decir, no está funcionando con toda la capacidad que debería». A su juicio, incluso en condiciones normales el TCP tendría poco que decir sobre esta ley en particular, porque «no tiene facultad de hacer control normativo. Solo tiene la posibilidad de hacer control de garantías constitucionales».
El diagnóstico sobre el TCP, de todos modos, es duro: arrastra una crisis de legitimidad por la convivencia prolongada entre magistrados con mandato vencido y los elegidos en las últimas elecciones judiciales. Además acarrea una carga represada de más de veinte mil expedientes que, dice, «en ninguna parte del mundo un tribunal puede resolver». Con todo, concluye, «hoy por hoy no veo que sea un obstáculo para este tema de la Ley de Inversiones».
Una torre de Babel
El punto que Salame desarrolla con más dureza, sin embargo, no es la ley en sí sino el terreno donde tendrá que discutirse. El ámbito congresal, según su lectura, ha perdido la capacidad misma de funcionar por bloques. «Veo muy crítica la situación de la Asamblea Legislativa; yo diría que están en una situación mucho más delicada y adversa que la que vivimos nosotros», afirma, en referencia a la legislatura 2020-2025, cuando el MAS tenía mayoría y la oposición —incluida su propia bancada de Comunidad Ciudadana— operaba desde la minoría. Aquella etapa, recuerda, tuvo sus propios defectos: «se legisló, aunque fuera a favor del Gobierno, pero se legisló».
Con todo, lo de ahora, sostiene, es de otra naturaleza. No se trata de una oposición fragmentada frente a un oficialismo cohesionado, sino de una atomización que atraviesa a todos los bloques por igual. Empezando por el propio PDC de Rodrigo Paz. «El oficialismo en este momento creo que tiene diez parlamentarios, ¿por qué? Porque se han dividido en laristas, demócrata cristianos, y no sé cuántas cosas más. Parece ser que cada senador, cada diputado, tiene su propia fuerza política». La imagen que describe es admitida y ya casi un lugar común entre los propios asambleístas. Hablan de una división en al menos una docena de bloques. «Yo diría que la Asamblea es una torre de Babel, y al pasar eso, la situación se vuelve mucho más delicada», advierte.
Correlación de personas, no de fuerzas
Salame contrasta esa dispersión con su propia experiencia como legisladora disidente dentro de una bancada disciplinada. «En Comunidad Ciudadana, yo era la única rebelde, en principio, porque priorizaba el interés del país sobre el interés de una sigla política. Pero los demás sí votaban militantemente siguiendo una directriz que se daba desde la dirección política». Ese esquema de bancadas con línea política, dice, ya no existe. «En este momento, si se analiza, aquí no hay nadie que pueda dar una directriz, porque no existe una correlación de fuerzas. Existe una correlación de personas: los de Doria Medina creo que se han dividido en dos o tres, los del FRI en dos o tres» y así sucesivamente. El resultado, resume, es un vacío de conducción. «¿Qué es lo que ha quedado? Prácticamente muy poco, muy poco».
Es en ese contexto, sugiere, que debe leerse la decisión de Paz de dialogar legislador por legislador en lugar de bancada por bancada. «Quizás también por eso Rodrigo dijo, el 6 de agosto, que no habla con las fuerzas políticas sino con las personas, con los diputados». Pero lejos de tranquilizarla, esa estrategia la inquieta. «Eso es muy delicado, es muy grave, y además da lugar a todos esos comentarios que siempre se hacen». Una alusión clara, sin nombrarlas directamente, a las denuncias de transfugio y de negociaciones prebendales.
Lo que propone, frente a ese panorama, es lo mismo que reclamaba al principio de la conversación: un pacto amplio, pero a la vez casi clínico. «Debería haber, realmente, un gran acuerdo político donde todas las fuerzas políticas prioricen el interés de la patria. Aquí se trata de salvar a un moribundo; es como cuando usted tiene un enfermo terminal: si quiere salvarlo, tiene que unirse toda la familia para poder juntarle el dinero, tener una conducta única, etcétera». Y advierte sobre el riesgo de no lograrlo. «Si cada uno va a jalar la carreta por su lado, veo muy poca posibilidad de que esto salga adelante. Es realmente muy preocupante la situación».
Reformar la CPE, «ni pensarlo»
La conversación cierra con una pregunta que ronda buena parte del debate económico boliviano: si la Ley de Inversiones —y las que vendrán, sobre minería e hidrocarburos— no requerirán, tarde o temprano, una reforma constitucional que despeje los «candados» que la propia Salame identifica en el texto vigente. Su respuesta es categórica. «Imposible, imposible. No se puede ni siquiera intentar».
Habla desde la experiencia propia. Como senadora presentó, en 2020 y de nuevo casi al cierre de su mandato, sendos proyectos para modificar artículos puntuales de la Constitución. Contemplaban las elecciones judiciales, las competencias del vicepresidente, entre otras. No prosperaron. «Ahí vi que realmente no había ningún interés, ni de la oposición ni del oficialismo ni de nadie, en hacer esto». Si ese fue el escenario en una legislatura con mayorías más claras, sostiene, hoy la aritmética es todavía más adversa. «Si para una ley no existe consenso, imagínese para la Constitución».
Prioridades más que urgentes
Salame no cierra la puerta a la necesidad de esos cambios. De hecho, insiste en que varios de los artículos que identificó siguen siendo un problema real de diseño institucional. Pero los ordena por prioridad frente a la urgencia económica. «En este momento todas esas modificaciones son menores frente a la modificación sustancial que hay que hacer en la parte económica. Es decir, en la parte que realmente va a permitir que el país pueda subsistir y salir del problema que tiene». Y descarta, de plano, que algún legislador se anime a intentarlo en el corto plazo. «Como están las cosas, ni pensarlo: sería un teatro… No existe ninguna posibilidad de que pueda avanzar, y tampoco sería conveniente, porque quizás retrocederíamos en muchas cosas que esta Constitución ha logrado».
El diagnóstico de Salame, en conjunto, deja la postal de un momento difícil de reconocer para un país cuya economía cruje día a día. Tal parece que hay una falta crítica de sincronía entre la velocidad del deterioro del país y la rapidez de las soluciones desde el Ejecutivo, la institucionalidad democrática y estatal y de la propia clase política en sí.
