En Bolivia, las reformas estructurales condicionadas por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos de financiamiento nunca fueron exclusivamente económicas; siempre incluyeron al sector social como parte de su interés. En 1985, el Decreto Supremo 21060, aplicado en el marco de las condiciones exigidas para restablecer el financiamiento externo del Estado boliviano, inició un proceso de estabilización monetaria, liberalización de los mercados y reducción del papel del Estado, para otorgar mayor protagonismo al sector privado.
Durante los años noventa se impulsó una segunda generación de reformas que amplió las transformaciones económicas hacia la estructura institucional y social del Estado. Este ciclo incluyó la reforma del sistema de pensiones, los programas de privatización y capitalización orientados a atraer inversión extranjera, la descentralización fiscal, las reformas de la función pública y del sistema judicial, la reforma del sector financiero y cambios en educación y salud.
La Reforma Educativa de 1994, expresada en la Ley 1565, formó parte de esta segunda generación. Su implementación se produjo en un contexto internacional en el que el FMI, el Banco Mundial y otros organismos exigían eficiencia del gasto, descentralización, evaluación y transformación de la gestión pública. La educación dejó así de ser tratada solamente como política social y pasó a integrarse en una agenda económica de reorganización institucional del Estado, donde el concepto de servicio educativo reemplazó al de derecho humano. Vemos que la relación entre el FMI y la educación no es nueva para Bolivia.
El actual Memorando de Políticas Económicas y Financieras del Servicio Ampliado del Fondo 2026 no establece una reforma educativa explícita: no dispone modificar la Ley 070, el currículo, la organización escolar o el régimen universitario. Sin embargo, sus medidas están dirigidas a impactar también en el sistema educativo mediante el ajuste fiscal, la reducción de la masa salarial pública, la contracción del gasto en bienes y servicios, la racionalización de la inversión pública, la eliminación de subsidios a los combustibles y la flexibilización cambiaria.
El impacto más directo se concentra en la masa salarial del magisterio. El programa establece límites al gasto en salarios y dispone que su crecimiento nominal se mantenga por debajo del crecimiento nominal del PIB. En un Estado donde educación y salud concentran una parte importante del empleo público, esta política restringirá la creación de nuevos ítems, limitará la reposición de personal y reducirá los salarios reales por efecto de los incrementos en los precios de bienes y servicios.
La inversión pública en educación constituye una segunda vía de impacto. El programa reduce la inversión pública y somete los proyectos a criterios de prioridad, eficiencia y costo-beneficio. En educación, esto reducirá el margen para construir, ampliar y mantener infraestructura educativa, especialmente en áreas rurales o de poca población. La reducción del gasto en bienes y servicios también disminuirá los recursos para mantenimiento, equipamiento, materiales, conectividad y funcionamiento de escuelas, institutos y universidades.
El ajuste también se trasladará a las familias que reducirán el gasto en educación. La eliminación de los subsidios a los combustibles y la flexibilización del tipo de cambio elevarán los costos de transporte, alimentos, materiales educativos, equipos y tecnología. El programa intenta compensar esa pérdida mediante asistencia social focalizada y un registro social unificado, pero esa protección opera sobre los hogares y no garantiza el financiamiento de la educación pública.
El acuerdo con el FMI de 2026 no necesita formular una reforma educativa para impactar negativamente en la educación. La imposición actúa por medio del presupuesto, el empleo público, la inversión, los precios y el ingreso de las familias. El impacto educativo forma parte de los efectos concretos del ajuste fiscal y de la reorganización del gasto público. La educación no aparece explícitamente entre los principales compromisos, pero vuelve a quedar dentro de la lógica economicista de las reformas estructurales impuestas por el FMI.
