En apenas una semana, el gobierno de Rodrigo Paz concentró tres momentos que definen el rumbo futuro de su gestión. Primero, una nueva reducción del gabinete ministerial. Segundo, el informe presidencial por los 201 años de independencia. Tercero, un acuerdo con los nueve gobernadores del país para avanzar hacia el esquema de distribución de recursos conocido como 50-50. A esto se suma el anuncio de que la Ley de Inversiones, la primera de un paquete de doce normas estructurales, llegará el martes próximo a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Son movimientos con los que el gobierno busca proyectar orden y dirección en medio de la crisis económica más severa en cuatro décadas. Todo esto mientras la fractura de sus alianzas políticas pone a prueba su capacidad de gestión.
Para leer el momento, Animal Político, de La Razón, consultó al abogado y exdiputado nacional Daniel Valverde, quien analiza los factores clave que emergen y definen la presidencia de Rodrigo Paz. Su lectura reconoce avances puntuales, sobre todo en el frente fiscal y en la relación con las regiones, Sin embargo, hace una advertencia de fondo: el gobierno, dice, ha optado por circunscribirse a un círculo cada vez más reducido de confianza. Así, pierde aliados y evita tender puentes con los actores políticos que necesitará para sacar adelante su agenda legislativa.
El gabinete que se achica
El pasado lunes, Paz redujo su gabinete de 14 a 12 ministerios. Confirmó una serie de relevos que venían anticipándose desde que el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, rompió formalmente con el gobierno semanas atrás. El movimiento de mayor peso fue la salida de José Luis Lupo del Ministerio de la Presidencia, designado luego embajador de Bolivia ante la OEA. Fue remplazado por Fernando Aramayo, quien hasta entonces ocupaba la Cancillería. Héctor Francisco Huanca, viceministro de Gestión Consular e Institucional, asumió en su lugar como nuevo canciller. En paralelo, el Ministerio de Planificación del Desarrollo dejó de operar como cartera independiente y sus funciones se repartieron entre otros despachos. El Ministerio de Turismo, Culturas, Folklore y Gastronomía se transformó en una agencia nacional.
Para Valverde, el ajuste tiene una lectura política antes que técnica. Lupo, recuerda, era una figura con trayectoria en organismos internacionales que le daba «cierta prestancia» al gabinete original. Lo presentaba como meritocrático. Su salida, sumada al debilitamiento de Planificación y Turismo, deja como principal ganador al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza. A diferencia de Lupo, goza de la confianza directa del presidente tras alejarse de su padrino político inicial, Doria Medina. En ese sentido, Valverde considera que el reacomodo resuelve, al menos en parte, la pugna interna que enfrentaba a Lupo y Espinoza. Lo que más le preocupa a nuestro analista invitado, sin embargo, no es quién gana o pierde espacio, sino la desaparición de un ministerio de Planificación. En su criterio, esa instancia debía trazar la ruta de corto, mediano y largo plazo del gobierno y no ha sido reemplazado por nada equivalente.
El discurso del 6 de agosto
En su primer informe a la nación por el aniversario patrio, Paz centró buena parte de su mensaje en el terreno económico. Reportó que la balanza comercial del país pasó de un déficit de menos de $us 520 millones en el primer semestre de 2025 a un superávit de $us 1.669 millones en el mismo período de este año. Esto, pese a los 53 días de bloqueos que enfrentó su gestión. Según otra cifra difundida ese día, el riesgo país bajó de 2.200 a 421 puntos, lo que permitió una emisión de bonos soberanos por más de $us 1.000 millones.
En seguridad, destacó la expulsión de 17 jefes de organizaciones criminales que, dijo, vivían en Bolivia con protección e impunidad total. Y en el plano institucional, anunció la creación de un Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia. Será esta autoridad quien liderará la lucha contra la corrupción en la administración pública.
Valverde reconoce algunos de estos datos —el pago del riesgo país, la eliminación de la subvención a los carburantes, los incrementos salariales— como aciertos reales. Pero su balance del discurso es, en general, crítico. Lo describe como «muy al estilo de Rodrigo Paz». Con muchos anuncios atractivos al oído y pocas respuestas sobre el cómo, el cuándo y el quién. Cuestiona, por ejemplo, que se hable de sentar las bases de un «tricentenario» cuando el propio quinquenio de gobierno no está garantizado.
Objeta que una parte considerable del tiempo se haya usado —como ya es costumbre en la política boliviana, dice, desde Evo Morales hasta Jeanine Áñez y Luis Arce— para endosar responsabilidades al pasado en lugar de fijar una hoja de ruta hacia adelante. También le llama la atención que los primeros minutos del mensaje se dedicaran a resultados policiales contra el narcotráfico. Y que después el discurso no ofreciera anuncios concretos sobre reforma policial o política criminal. Sobre todo en momentos en que la seguridad pública se ha deteriorado sensiblemente en los últimos días.
El tan anunciado paquete de leyes
El anuncio más concreto en materia legislativa fue la confirmación de que el proyecto de Ley de Inversiones —la primera de las doce leyes estructurales que el gobierno prometió desde el encuentro de Cochabamba del 9 de mayo— será enviado el próximo martes a la Asamblea Legislativa. El propio ministro Espinoza la describió como una norma «muy cortita». Sostuvo que está diseñada para abrir el espacio de discusión de las siguientes leyes: Hidrocarburos, Minería y Asociaciones Público-Privadas. Paz vinculó el paquete a una promesa de inversión de $us 10.000 millones, principalmente en infraestructura, y a corredores bioceánicos por más de $us 7.000 millones.
Este cronograma es, para Valverde, el mejor ejemplo del «bicicleteo» de fechas que ha caracterizado a la gestión. El 9 de mayo ya se daba por hecho que las doce leyes llegarían «al día siguiente» a la Asamblea. Tres meses después, recién una de ellas está lista para su envío, mientras las demás seguirán llegando «en los próximos meses», sin plazos firmes. A su juicio, ese patrón de anuncios sucesivos sin cumplimiento erosiona la imagen de seriedad que un gobierno necesita proyectar, tanto hacia adentro como ante los inversores extranjeros que el propio paquete de leyes busca atraer.
Gobernadores: un respiro
El miércoles 5 de agosto, Paz recibió en la Casa de la Libertad a los nueve gobernadores del país para sellar un acuerdo sobre el esquema 50-50. La iniciativa gira en torno a distribución de recursos y competencias entre el nivel central y las regiones. Se busca que sus primeros efectos se reflejen en el presupuesto de 2027. La reunión se cerró en menos de dos horas gracias al trabajo técnico previo entre el Ministerio de Economía y los equipos departamentales. Fue calificada por el propio presidente como un día «refundacional».
Valverde observa en que el encuentro salvó, en buena medida, la jornada del 6 de agosto. Los gobernadores, dice, llegaron con propuestas técnicas concretas y lograron demostrarle al gobierno, con evidencia, que había aspectos de la autonomía sin resolver desde hace 17 años. Pero marca una distinción: si hay algo de claridad en ese frente, no es mérito del gobierno, sino de la iniciativa de las propias gobernaciones. El verdadero desafío, advierte, vendrá cuando ese acuerdo deba traducirse en reformas legales concretas y en una mayor participación impositiva de las regiones. Esto exigirá que las gobernaciones también mejoren su gestión a cambio de más recursos.
Alianzas rotas
Es en el terreno de las alianzas donde Valverde formula su advertencia más dura. El gobierno, sostiene, ha optado por circunscribirse a la figura de Paz y a su círculo más cercano de confianza. Esto le ha costado el respaldo de Samuel Doria Medina y ha dejado sin efecto la alianza que en algún momento existió con el vicepresidente Edmand Lara. Esto ocurre, además, en el peor momento posible: el discurso del 6 de agosto planteó una idea de «nueva gobernabilidad». Su base estaría basada en acuerdos entre instituciones: el Ejecutivo, la Asamblea, el Órgano Judicial, el Electoral. No así entre actores políticos, algo que a Valverde le pareció inédito. La Asamblea Legislativa, recuerda, no es una entidad abstracta sino un cuerpo compuesto por bancadas y liderazgos partidarios. Ahí, los acuerdos políticos existen precisamente para modular decisiones, proyectar resultados y medir corresponsabilidades entre esos actores.
La aritmética legislativa respalda esa advertencia. El Partido Demócrata Cristiano de Paz es la primera fuerza en ambas cámaras, pero está lejos de ostentar una mayoría propia. Cuanta con 47 de 130 diputados y 16 de 36 senadores. Libre, en la oposición, tiene 37 diputados y 12 senadores. Unidad —el espacio de Doria Medina, ahora roto con el oficialismo— conserva 26 diputados y 7 senadores, un bloque que hasta hace poco podía inclinar la balanza a favor del gobierno. A esa fragmentación formal se suma otra, menos visible pero igual de determinante.
La propia bancada del PDC no es un bloque homogéneo, sino que se reparte entre sectores rodriguistas, laristas y pedeceístas. Una división que —según ha podido reconstruir este medio en coberturas anteriores— se repite con matices en las otras bancadas. El resultado es un mapa legislativo más atomizado de lo que sugiere el conteo oficial de escaños, en el que aprobar las doce leyes estructurales —empezando por la de Inversiones, este martes— exigirá acuerdos construidos caso por caso, y no solo pactos entre cúpulas partidarias.
Tiempo ganado, problema no resuelto
Al cierre de la conversación, la pregunta obligada era qué perspectivas le quedan al gobierno tras esta semana. Para Valverde, el 6 de agosto era la oportunidad de anunciar una apertura real —un gran acuerdo nacional, mayor claridad sobre el rumbo del modelo económico— y esa apertura no llegó. El gobierno, dice, «ha ganado un poco más de tiempo», pero la incertidumbre política y económica de fondo sigue siendo la misma. Paz no cuenta con la fortaleza ni la representatividad suficientes, dentro y fuera de la Asamblea, para sacar adelante su agenda en solitario.
Esa es, en su lectura, la omisión central del gobierno: la falta de una estrategia de acuerdos políticos que respalde las reformas anunciadas. Si esa omisión no se corrige, advierte, todo lo demás —los anuncios económicos, los datos de gestión, incluso el acuerdo con los gobernadores— corre el riesgo de quedar en un plano anecdótico.
El pasado miércoles, mientras Rodrigo Paz daba su discurso de cierre tras el encuentro con los gobernadores, poco a poco fue en creciendo un ruido que le hizo interrumpir lo que decía. “¿Qué ha pasado?”, preguntó, antes de continuar. Fue apenas un instante, pero funciona como una imagen del momento que atraviesa su gobierno. Para Valverde, “en nueve meses el presidente ha logrado que su discurso ya no sea agradable al oído, como lo era al principio”.
La paciencia ante disertaciones con palabras grandes y que no se reflejan en avances concretos empieza a agotarse. El tiempo de las promesas electorales pasó y las arenas corren rápido en el reloj de los cumplimientos.
