El viceministro de Transparencia, Yamil García, cuestionó este viernes el gasto de Bs 470 millones en los últimos 5 años para la implementación de bunkers digitales que no lograron garantizar la trazabilidad del combustible ni evitar su desvío y contrabando.
En ese marco, anunció la intervención este viernes de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación de Bolivia (Agetic) al bunker digital de YPFB en La Paz, cuya misión era justamente detectar estas irregularidades.
“Los bolivianos hemos gastado más de 470 millones de bolivianos en 5 años para montar bunkers digitales; sin embargo, no hay un sistema informático y digital para la trazabilidad de la información sobre el combustible”, dijo García.
Y explicó que los problemas en la distribución de combustible evidencian que los sistemas tecnológicos de YPFB no contaban con alertas suficientes para detectar las inconsistencias.
Asimismo, dijo que la responsabilidad no apunta solo a la parte operativa que manejaba el bunker, sino también a los ejecutivos “por disponer ese monto en el pasado y que no han podido generar soluciones estructurales al contrabando y desvío que se institucionalizo en el pasado”.
Informó, además que, con la intervención identificaron a más de 300 usuarios que interactuaban con los sistemas de la estatal petrolera.
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Intervención
“Estamos efectuando hoy intervención con la Agetic, no solo basta con cortar los usuarios, vamos a identificar a quienes seguían permitiendo que usuarios del pasado sigan interactuando con estos sistemas vulnerables”, remarcó.
Aclaró que sus accesos ya se cortaron y que ahora se busca establecer quiénes permitieron que esas operaciones continuaran.
Además, dijo que se iniciarán acciones ante otro tipo de gastos efectuados como la instalación de la “Casa Ejecutiva de YPFB”, en el barrio Las Palmas de Santa Cruz, que “ha ocasionado una millonaria asignación de recursos en construcciones de lujo, en bienes suntuoso”.
Este viernes, García y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, presentaron varias irregularidades detectas en la comercialización de combustibles tras la intervención a YPFB y la ANH.
