La profunda crisis política que atraviesa el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia, fuertemente marcada por el paro y bloqueo de carreteras durante más de 50 días, denuncias de corrupción y por la reciente ruptura de la coalición oficialista tras la salida de Unidad Nacional liderada por Samuel Doria Medina, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta medular para la ciencia política regional: ¿cómo responden los diseños institucionales sudamericanos cuando un gobierno ingresa en una fase de parálisis irreversible o punto de no retorno? Si bien nunca es deseable la salida anticipada de un gobierno democrático, es importante analizar los diseños institucionales sudamericanos cuando una administración ingresa en una fase de colapso.
Como sabemos, en el caso boliviano, lo mismo que en Venezuela, la respuesta constitucional frente al desgaste del Ejecutivo es el referéndum revocatorio de mandato. Esta válvula constitucional es un instrumento que permite a los ciudadanos acudir a las urnas a mitad de gestión para ratificar o retirar la confianza al presidente de la República. Sin embargo, y ante la inmediatez de la protesta social y la parálisis legislativa, la vía del revocatorio llega muchas veces tarde.
Frente a esta asimetría entre la velocidad del conflicto y los tiempos de la norma, resulta imprescindible dirigir la mirada hacia los países vecinos. A través de distintas reformas, los países de la región han ideado distintas «válvulas de escape» constitucionales para encauzar, procesar o destrabar situaciones de parálisis institucional sin recurrir al quiebre democrático o a la intervención militar.
1. La «muerte cruzada» ecuatoriana: el botón de reinicio mutuo
Consagrada en los artículos 130 y 148 de la Constitución de Ecuador de 2008 (impulsada durante la Asamblea Constituyente de Montecristi), la figura conocida popularmente como «muerte cruzada» representa una de las innovaciones de ingeniería institucional más audaces e inusuales del constitucionalismo latinoamericano.
Este mecanismo otorga al presidente de la República la potestad de disolver la Asamblea Nacional por tres causales específicas: si el Legislativo se arroga funciones que no le corresponden, por obstrucción reiterada al Plan Nacional de Desarrollo, o ante una grave crisis política y conmoción interna. Sin embargo, la característica más importante de esta cláusula reside en su carácter estrictamente simétrico. El mandatario no disuelve el congreso para quedar gobernando por decreto de forma autoritaria; el mismo decreto presidencial de disolución obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a convocar, en un plazo no mayor a siete días, a elecciones generales anticipadas.
En un solo acto democrático, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo deben poner sus cargos a disposición del electorado. Quien resulte electo en este proceso extraordinario no inicia un periodo de cuatro años, sino que completa únicamente el mandato restante del periodo interrumpido.
El antecedente histórico decisivo ocurrió en mayo de 2023, cuando el entonces presidente Guillermo Lasso, acorralado por un juicio político en el parlamento y sumergido en índices mínimos de aprobación, decretó la «muerte cruzada». Aunque la medida significó el fin prematuro de su propia presidencia, desactivó de inmediato un estallido social de proporciones impredecibles y canalizó el conflicto por una vía institucional pacífica, obligando a las fuerzas políticas a reconfigurarse en las urnas.
2. La «vacancia por incapacidad moral» en Perú: parlamentarismo extremo
En el extremo opuesto del espectro procesal frente a estas crisis se sitúa la «vacancia presidencial por incapacidad moral permanente», figura contemplada en el artículo 113 de la Constitución peruana de 1993. Aunque esta herramienta fue redactada con el propósito original de remover a un mandatario que sufriera una enfermedad mental sobrevenida o una invalidez física absoluta, para muchos hoy en día esta norma ha sufrido una metamorfosis radical, transformándose en una herramienta de juzgamiento estrictamente político.
A diferencia del juicio político tradicional, la vacancia por incapacidad moral no requiere la aportación probatoria de un delito de función, ni la intervención formal del Ministerio Público. Su activación y resolución dependen casi de manera exclusiva de la aritmética parlamentaria: basta con reunir una mayoría cualificada de 87 votos (sobre un total de 130 congresistas) en el Pleno para declarar vacante la presidencia del país y proceder al juramento inmediato del sucesor en la línea de mando.
De esta manera, un presidente de la República que carezca de una bancada propia sólida o de una coalición legislativa disciplinada queda expuesto a un riesgo permanente de remoción. Los casos recientes de Pedro Pablo Kuczynski (quien dimitió acorralado por este proceso), Martín Vizcarra (destituido en 2020) y Pedro Castillo (vacado tras su fallido intento de cierre del Congreso en 2022) dan cuenta de la velocidad con que este mecanismo puede activarse.
3. El impeachment o juicio político: una fórmula que garantiza contrapeso
Presente en las cartas magnas de importantes países de la región como Brasil (artículos 85 y 86), Paraguay (artículo 225), Chile y Colombia, el juicio político o impeachment constituye el estándar tradicional para la remoción del Ejecutivo. A diferencia de la discrecionalidad e inmediatez de la vacancia peruana, el impeachment está diseñado con un riguroso esquema garantista dividido en dos etapas claramente diferenciadas.
La Cámara de Diputados actúa como órgano de acusación (fase de admisibilidad política), mientras que el Senado se erige en tribunal de juzgamiento. Este último exige la tipificación formal de delitos de responsabilidad, infracciones graves a la Constitución o un mal desempeño de las funciones públicas debidamente argumentado.
Aunque su arquitectura jurídica pretende blindar al Ejecutivo frente a meros descontentos y crisis coyunturales, la historia contemporánea de Sudamérica demuestra que, cuando el aislamiento de un gobernante en el Congreso se alinea con una movilización social masiva, el juicio político adquiere una tracción imparable.
Las destituciones de Fernando Collor de Mello (1992) y Dilma Rousseff (2016) en Brasil, así como la de Fernando Lugo en Paraguay (2012), son ejemplos emblemáticos de cómo el impeachment ha sido utilizado para forzar transiciones de gobierno. Aunque formalmente se debate sobre tecnicismos durante estos juicios, puede decirse que el trasfondo es inequívocamente político.
Crisis de gobernabilidad y diseño constitucional: la lección sudamericana
El recorrido por esta diversidad de fórmulas sudamericanas pone de relieve una lección institucional fundamental: las crisis de gobernabilidad no son anomalías en la región, sino rasgos inherentes a la dinámica sociopolítica latinoamericana. La gran diferencia está en la naturaleza de los instrumentos de despresurización de los que dispone cada país para procesar el conflicto social dentro de las fronteras de su propio pacto constitucional.
