Más allá de los resultados de las elecciones subnacionales a desarrollarse el próximo domingo 22 de marzo, los desafíos de los próximos alcaldes y gobernadores serán altamente complejos. Sin lugar a dudas se configurará un nuevo mapa político variopinto. Los eventuales nuevos alcaldes y nuevos gobernadores tendrán que tomarse en serio el diálogo y la generación de consensos. Ya que la consolidación del poder no solamente devendrá de los próximos resultados electorales, sino fundamentalmente de la capacidad de diálogo que demuestren. El recientemente finado filósofo alemán Jürgen Habermas sostenía que las sociedades verdaderamente libres dependían de ciudadanos con la capacidad para saber y poder escucharse sin destruirse.
Ese será el desafío principal que asumirán las próximas autoridades ejecutivas electas. Desde los concejos municipales y asambleas departamentales, que no son menos importantes, se esperan propuestas concretas mínimamente enmarcadas en las únicas tres funciones que ostentan: legislar, fiscalizar y gestionar. No mas discusiones, acusaciones y cortinas de humo que hoy por hoy han degenerado la política legislativa; ya que para la gran mayoría de la población, diputados y senadores no sirven para absolutamente nada, considerándose reducir drásticamente sus sueldos. De este escrutinio público, por analogía, tampoco se salvan concejales y asambleístas departamentales.
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Una vez en el cargo, alcaldes y gobernadores asumirán la tarea más difícil, la gestión. Misma que implica no solamente el cumplimiento de las promesas electorales, sino la capacidad para resolver los problemas mas urgentes de la gente con sus particularidades propias de cada municipio y departamento. En ese entendido la capacidad de las autoridades se evaluará en función al desempeño de sus equipos de trabajo, ya que no es lo mismo hacer campaña que hacer una buena gestión.
Uno de los desafíos transversales tiene que ver con la coordinación general de las alcaldías y gobernaciones entre sí, pero a la vez también con el nivel central de gobierno, el sector público, sector privado y universidades.
Ya que los recursos TGN no solamente serán insuficientes en muchos casos, sino también inciertos, sin un nuevo pacto fiscal. Por lo que las autoridades electas tendrán que generar alianzas con diversos sectores para resolver las necesidades de la gente y potenciar sus fuentes de ingresos a través del turismo y la gastronomía, por ejemplo, la administración y promoción de sus patrimonios, el desarrollo cultural incrustado a la generación de ingresos públicos, potenciar la educación en conexión directa con el trabajo y la generación de empleo digno, desarrollo de la comunicación interinstitucional a través de plataformas digitales de coordinación para fomentar la transparencia y erradicar la burocracia.
Por lo que la reactivación productiva será una tarea a desarrollar de manera conjunta entre todos los niveles de gobierno, las agendas departamentales deberán necesariamente integrar a todos los municipios. Y la innovación vinculada a la juventud deberá trabajar de manera conjunta gobernaciones – universidades – municipios como incubadoras de emprendimientos y becas para proyectos tecnológicos aplicados al desarrollo de las regiones. Más que la ejecución de mega obras las próximas autoridades deberán enfocarse en la articulación institucional, planificación estratégica y seguimiento de proyectos.
El potencial de los municipios y departamentos no devendrá de los recursos TGN del nivel central, sino de un verdadero desarrollo humano integral basado en el fortalecimiento del acceso a servicios de salud preventiva, reducción del desempleo mediante centros juveniles de formación técnica, mejoramiento de la calidad de vida de personas de la tercera edad, promoción de la independencia económica en mujeres y jóvenes; apoyo a la producción local de alimentos con el objetivo de combatir la desnutrición y mejorar la alimentación, planes de cultura, deportes y vida saludable, festivales culturales, recuperación de los espacios recreativos e históricos, entre otras propuestas de valor superestructural y vital en la nueva realidad política y económica que les tocará asumir a alcaldes y gobernadores.
(*) Gabriel Villalba Pérez es abogado, magister, docente de pre y postgrado.
