Redacción
Legislar de espaldas a quienes sostienen los hospitales es un error político y una temeridad sanitaria. En los últimos meses, hemos asistido a un espectáculo tan incomprensible como peligroso: la activación del rodillo del Ministerio contra el médico y para sacar adelante un nuevo Estatuto Marco. Lejos de solucionar la crisis de nuestra sanidad (especialmente de la sanidad pública) los protagonistas insisten en que castiga a sus profesionales. ¿Qué clase de dirigente no es capaz de escuchar el clamor de los que fueron sus compañeros que ahora quiere que sean sus votantes? El clamor de los médicos es muy sonoro. Mientras la pregunta resuena con fuerza en la sociedad el Ministerio de Sanidad ha llevado al Consejo de Ministros un anteproyecto crucial. Lo ha hecho sin contar, de manera deliberada, con la aprobación del colectivo médico.
Mónica García ha activado el rodillo del Ministerio contra el médico sin escuchar el clamor que hay
No se puede reformar la norma que rige el sistema sanitario ignorando por completo al motor del propio sistema, es un despropósito político y técnico. El texto se ha cocinado exclusivamente con sindicatos generalistas, en una flagrante falta de consenso que ha dejado fuera a las organizaciones médicas. Lo más grave es que este «rodillo» avanza a ciegas y en un absoluto secretismo: el documento se ha enviado a tramitación sin que sepamos siquiera qué opinan ministerios clave como el de Hacienda o el de Función Pública. El colofón es que se ha aprobado sin que la ministra haya salido después a dar explicaciones ni a responder a las preguntas obligadas sobre la elaboración del Estatuto. Se aprueba de espaldas a todos y luego se impone el silencio.
La desconexión de Mónica García ante el clamor de unos profesionales que llevan más de un año con movilizaciones y paros, es alarmante. Insiste mucho en su condición de médico y que «está junto a los médicos», pero la realidad debería sonrojarla. Se han esperado 23 años para remodelar un Estatuto que perpetúa un sistema de guardias obligatorias e ilimitadas. Se ha esperado para aprobar un texto que «tiene unas consecuencias que son letales en la vida real«. Así no se puede conciliar, no se puede ver a los hijos, y lo peor de todo: se pone en jaque la propia seguridad del paciente. Obligar a un profesional a tomar decisiones críticas tras 24 horas sin dormir es una ruleta rusa institucional. Para colmo, la reforma blinda una paradoja sangrante y profundamente injusta: las guardias —esas horas extraordinarias obligatorias por ley—. Se cobran peor que la jornada ordinaria y, además, no computan para la jubilación. Es la definición perfecta de la explotación regulada. El sueldo de muchos facultativos depende de un sobresfuerzo que los agota, los desprotege de cara al futuro y los penaliza en el presente.
¿23 años esperando para la reforma de Estatuto Marco y lo que se propone no lleva un acuerdo con los protagonistas?
Un buen político es aquel que se anticipa a las críticas, que dialoga y busca pactos antes que conflictos que devalúen el servicio público. Convocar a las comunidades autónomas a última hora y a remolque de las protestas es llegar demasiado tarde. Los médicos también están cansados de la huelga; sufren al dejar a sus pacientes sin ver y asumen con valentía el coste económico de suspender la actividad extraordinaria (las peonadas) para visibilizar el desastre. No es clasismo, como pretenden justificar desde el ministerio para dividir al sector; se ha convertido en pura supervivencia.
El problema de los médicos es, indefectiblemente, el problema de toda la sociedad. Los médicos están exhaustos, los futuros residentes huyen de la Atención Primaria y de las Urgencias, será porque el futuro que les espera es poco atractivo. Así, con estas condiciones, la sanidad pública está en peligro de muerte. El Estatuto Marco no debe ser un rodillo ideológico ni un contrato de adhesión forzosa, debería haber sido una oportunidad para dialogar y llegar a un pacto. Cuidar a quienes nos curan no es un privilegio gremial, es el precio mínimo para garantizar el derecho a la salud. No se puede legislar contra el médico
