Redacción
El Gobierno ha confirmado que el Ministerio de Hacienda reforzará el control del gasto sanitario de las comunidades autónomas a partir del 1 de enero de 2026. El objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar desviaciones presupuestarias en uno de los capítulos más sensibles del gasto público.
El Gobierno quiere controlar el gasto sanitario público y evitar desviaciones presupuestarias
La primera medida son las entregas a cuenta condicionadas, que alcanzarán en 2026 un récord de 157.731 millones de euros, un 7 % más que el año anterior. Estas transferencias estarán vinculadas al nivel real de gasto sanitario, ofreciendo certidumbre financiera y evitando desajustes entre territorios. En segundo lugar, se establece un techo de gasto y objetivos de estabilidad. El límite no financiero para 2026 será de 212.026 millones de euros, un 8,5 % más que en 2025. Dentro de esta cifra, se fija un margen específico para sanidad, condicionado al cumplimiento del déficit del 0,1 % por parte de las CCAA. El tercer mecanismo son los Planes Económico-Financieros (PEF), que deberán presentar las Comunidades y serán evaluados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Este órgano determinará si los planes garantizan la sostenibilidad del gasto sanitario y, en caso contrario, exigirá ajustes inmediatos.
Hacienda también reforzará la monitorización del gasto sanitario, especialmente en partidas críticas como personal, farmacia y productos sanitarios. En 2022 representaron el 36,2 % del gasto autonómico y mantienen una tendencia de crecimiento superior al 5% anual. Finalmente, se contemplan sanciones y ajustes automáticos para las Comunidades que incumplan el techo de gasto o los objetivos de déficit. Entre las medidas figuran la reducción de entregas a cuenta, restricciones en futuros presupuestos y la obligación de reformular los PEF. Todo ello bajo el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
El marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria permitirá la reducción de entregas a cuenta, restricciones en futuros presupuestos y la obligación de reformular los PEF
Con estas medidas, el Gobierno busca garantizar que el gasto sanitario se mantenga dentro de parámetros sostenibles, sin comprometer la calidad asistencial ni la autonomía de las Comunidades Autónomas. El reto será equilibrar la disciplina fiscal con la capacidad de respuesta ante las necesidades reales de la población.
